Desde el arranque del sexenio, el actual gobierno de Coahuila ha emprendido una serie de medidas tendientes a ampliar la transparencia en el estado. Frente a la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos por parte de la administración anterior, reconocida incluso por el propio gobernador Rubén Moreira, el ejecutivo estatal ha propuesto leyes y ha establecido estrategias en aras de desmarcarse de las acciones del gobierno de Humberto Moreira. Pero el caso irresuelto de la deuda pública y los procesos que se siguen en Estados Unidos contra exfuncionarios coahuilenses sin que se haga lo propio de este lado de la frontera, ponen en entredicho los alcances de la estrategia y la voluntad para en verdad transitar hacia un “gobierno abierto”, como pretende posicionarse la administración actual. El tema de fondo es que sin una rendición de cuentas clara, de poco servirá la transparencia.
Entre las acciones aplicadas destaca la nueva ley de transparencia que obliga a gobiernos, partidos, sindicatos y asociaciones a transparentar el uso de recursos públicos. Incluso la normativa alcanza a funcionarios públicos, quienes son sujetos obligados a publicar su declaración patrimonial, no obstante que esta medida entra en contradicción con un reciente fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que privilegia la protección de datos personales sobre la transparencia.
Otra de las medidas tiene qué ver con la publicación de los padrones de beneficiarios de programas sociales, los cuales fueron usados en el sexenio pasado en total opacidad pese a las denuncias de la oposición sobre presuntas anomalías. Y en la semana que acaba de pasar, el gobierno de Rubén Moreira lanzó una nueva página de transparencia en la que se incluyen apartados sobre la nómina estatal, los contratos con empresas proveedoras de bienes y servicios, planes, presupuestos y entregas de recursos, entre otras cosas.
Cabe hacer mención que estas medidas representan el mínimo necesario al que aspira una sociedad democrática y que son apenas un primer paso para poner bajo el escrutinio ciudadano toda y cada una de las acciones del gobierno. No obstante, dicho esfuerzo contrasta sobremanera con los nulos avances que registran las autoridades federales y estatales en la investigación sobre lo ocurrido en la contratación de créditos irregulares a nombre del estado, el enriquecimiento de exfuncionarios coahuilenses y el destino de una buena parte de la deuda, situación que pese a las constantes exigencias no ha sido esclarecida.
Las investigaciones que se siguen en Estados Unidos indican que por lo menos el exgobernador Jorge Torres López y el extesorero Javier Villarreal habrían incurrido en delitos como lavado de dinero, fraude bancario y, en el caso del exdirector del SATEC, transporte de dinero robado y recepción de sobornos de empresas vinculadas con el crimen organizado. Con todo y las evidencias aportadas por los fiscales, nada ha sido suficiente para que en México se abra una investigación. En Coahuila sólo existen procesos abiertos por simulación de actos jurídicos en la contratación de créditos, proceso que hasta ahora no ha arrojado resultado alguno.
Este hecho apunta a que lo que está fallando en Coahuila es la rendición de cuentas de quienes ejercen funciones públicas. Los coahuilenses sabemos hoy que en el gobierno anterior se cometieron irregularidades graves en detrimento del erario y el patrimonio estatal. Sin embargo, de poco o nada servirá conocerlo si todos los responsables no son llamados a cuentas para que expliquen lo acontecido y, en su caso, sean procesados con estricto apego a la ley. Esta condición es indispensable para que se garantice que en la entidad no volverá a ocurrir algo como lo hoy tiene en jaque a las finanzas estatales. Si las acciones emprendidas por el gobierno de Coahuila son producto de este desaseo, la congruencia indica que se debería partir del esclarecimiento del caso de la deuda. El borrón y cuenta nueva manda un mensaje contrario al que las autoridades pretenden difundir.
