La propuesta de Miguel Ángel Mancera de incrementar el salario mínimo -quizá la única genialidad de su gobierno al momento- no es necesariamente ambiciosa, pero es un intento por poner a México en un sitio presentable internacionalmente.
Es sabido que el salario mínimo en México no sólo es el más bajo de los países de la OCDE, sino también uno de los más bajos de América Latina. Hoy se paga en México tan sólo una tercera parte del montante de los salarios mínimos en Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador, como bien lo señala el estudio de la Secretaría de Economía del DF que fundamenta la propuesta.
Siempre podrá anteponerse una ideología económica disfrazada de ciencia para no mover un dedo y dejar todo como está. Tal vez por eso no está de más subrayar una obviedad: lo primero que se necesita para elevar el salario mínimo es voluntad política.
La experiencia de Brasil podría ser una referencia útil. Aunque desde inicios de los noventa se promovieron en esa nación políticas modestas de recuperación salarial, fue a partir de 2003, con el gobierno de Lula, cuando el salario mínimo comenzó a aumentar de forma significativa hasta prácticamente duplicar su valor real.
Los gobiernos petistas pusieron la voluntad y la determinación por delante y fueron sensibles a la movilización de las centrales sindicales. Después buscaron un acuerdo entre gobierno, trabajadores y sector empresarial y encontraron una fórmula para incrementar el salario de forma gradual, sin presionar excesivamente las cuentas públicas, con una primera meta para el año 2023. Bajo el gobierno de Dilma Rousseff ese acuerdo se convirtió en ley.
En Brasil, al igual que en México, la idea de que incrementar el salario mínimo tiene efectos en el déficit fiscal y la inflación también ha estado presente entre la tecnocracia económica. Quizá había incluso más razón para defender el argumento del déficit porque el salario mínimo tiene una incidencia aún mayor en las cuentas públicas brasileñas, al utilizarse como base para calcular un amplio conjunto de beneficios sociales que no existen en nuestro país (incluido un sistema de pensiones de mayor alcance y cobertura).
Para resolver el cómo, el PT modificó la forma en que se discutía el salario mínimo, que por muchos años había sido fijado por tecnócratas en el Ministerio de Hacienda (aunque siempre con la decisión final del Congreso y la posibilidad de un veto presidencial). Lula incluyó en las negociaciones directamente la Presidencia de la República, a las principales centrales sindicales del país -no únicamente al sindicalismo corporativo- y a representantes del sector empresarial.
La fórmula que hoy se utiliza toma en cuenta la variación del PIB y la inflación, pero no a partir de estimaciones inflacionarias para el año en cuestión sino de los dos años anteriores.
El acuerdo para la revalorización del salario mínimo que el gobierno de Lula alcanzó con los sectores más importantes de la economía no fue meramente coyuntural. Desde un inicio el planteamiento fue que el salario mínimo iría aumentando año con año hasta 2023, año en que este acuerdo será revisado nuevamente.
La experiencia brasileña muestra que incrementar el salario mínimo es posible con determinación política, capacidad de negociación y metas de largo plazo. Incrementar el salario mínimo en ese país demostró también no tener efectos inflacionarios -la inflación durante el gobierno de Dilma Rousseff obedece a otras razones-, no elevó el desempleo y sí, en cambio, fue uno de los principales determinantes de la más reciente reducción de la desigualdad y la pobreza en esa nación.
El incremento del salario mínimo permitió fortalecer el mercado interno a través de un consumo masivo. Zonas paupérrimas como el nordeste brasileño -donde alguna vez se localizó el principal bolsón de miseria en el continente- ofrecen hoy un paisaje de inclusión muy distinto al de otras épocas.
