El agua es ya una de las principales fuentes de conflicto en el país. No sólo es un bien escaso, sino que sus formas regulación han quedado completamente rebasadas para el tamaño de los conflictos que plantea. Si no lo tienen aún, el Cisen debería estar preparando un mapa de conflictos: ahí donde vayan a construir una presa, desviar un caudal o una empresa pueda contaminar un arroyo, habrá un conflicto seguro.
Cuando decimos que en México el agua es un bien escaso el tema no es menor: Nuestro país es uno de los principales "importadores de agua", es decir de productos y manufacturas que requieren de grandes cantidades de agua para su elaboración. Un pantalón de mezclilla, por poner un ejemplo, requiere mil 400 litros de agua en su proceso de confección. La suma del agua usada en los bienes y servicios que exportamos frente a los que importamos nos hace uno de los países más deficitarios de agua del mundo. Lo que esto significa en términos de competitividad económica para el país en las próximas décadas, en un mundo donde el costo del agua tenderá a exponencialmente alza, es terrible.
En el siglo XX, en una decisión coherente e inteligente para evitar conflictos regionales, el Gobierno Federal asumió el poder de decisión sobre los recursos hidráulicos del país. Sin embargo ese modelo de gestión ha quedado absolutamente rebasado por la incapacidad que tiene los organismos federales de entender los procesos locales (con literalmente como elefantes en cristalería). No se trata sólo de una burocratización, en la que los funcionarios toman decisiones desde un escritorio lejano, sino de un choque de intereses, vamos a suponer que igualmente legítimos, entre el campo y la ciudad, cultura y negocio, macroeconomía a y microeconomía.
Las ciudades, con todo lo que ello implican, nos hemos convertido en el principal consumidor, pero sobre todo en el gran contaminador, de agua. Un kilo de maíz necesita 450 litros de agua para producirse, pero la mayoría de ésta regresa a la tierra, no sin algunos contaminantes, para su reúso. En las ciudades usamos, desperdiciamos, contaminamos el agua y luego la regresamos a los ríos y lagos prácticamente sin tratar (El DF trata sólo el 15 por ciento de sus aguas; Guadalajara y Monterrey están más avanzados, pero ninguno cumple cabalmente con lo que obliga la ley desde el año 2000).
Si no cambiamos la política de agua en México para dejar de verla como un recurso a repartir desde la Federación y verlo como un recurso escaso, por lo tanto caro, vinculado a bienes culturales intangibles; si no entendemos que las ciudades tienen tanto derecho al agua como las comunidades, y con una la lógica sea de largo plazo en las zonas urbanas paguen lo que tienen que pagar para el que las fuentes de agua subsistan, la crisis está a la vuelta de la esquina.
