La reforma la Ley de Protección Civil de Coahuila, que atribuye a los Municipios del Estado facultades para realizar labores de supervisión, vigilancia e inspección en las minas de la entidad, implican una violación a la Constitución de la República, que determina que dichas funciones son competencia exclusiva de las autoridades de la federación.
El absurdo aprobado por la mayoría priista en el Congreso Local, en dócil obediencia a la orden del gobernador Rubén Moreira, corresponde a un particular estilo de gobierno que insiste en hundir al orden jurídico en un mar de confusión y utilizar las leyes no como instrumento de regulación armónica de la vida pública, sino como herramienta de confrontación entre los distintos actores políticos y sociales, para efectos de control del cacicazgo moreirista.
Moreira suscribe el decreto de promulgación a menos de un mes de que trascendió al conocimiento del público, la existencia de un convenio entre el Estado de Coahuila y algunos gobiernos municipales entreguistas, que despoja a los municipios de la entidad que lo suscribieron, de la función de cobrar el impuesto predial y ceden esa facultad en favor del Gobierno del Estado.
En relación al convenio de referencia, se pretextó que los municipios pueden legalmente ceder al Estado sus facultades recaudatorias, cuando su debilidad material e institucional haga imposible cumplir con la función. Lo extraño es que son esos mismos municipios que hace días se consideraron ineptos para cobrar el impuesto predial, a los que con el pretexto de la Protección Civil, ahora se les confieren facultades de inspección y vigilancia en materia de Seguridad en el Trabajo, que son costosos, requieren conocimientos técnicos especializados y son de competencia federal.
Moreira sabe lo que hace, por lo que la violación constitucional en que incurre a ciencia y conciencia, persigue objetivos en provecho de su proyecto político personal y faccioso, a despecho de lo que signifiquen las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica de sus gobernados.
Son abundantes los ejemplos devastadores que ofrece Moreira metido a legislador, como la Ley de Personas Desaparecidas; la que permite la adopción de menores por parejas del mismo sexo; la que somete a los notarios a las normas sobre información pública en contra del criterio que la Suprema Corte sostiene al respecto; la que establece el divorcio exprés; la que prohíbe la participación de animales en los circos; el convenio que despoja a los municipios del impuesto predial, etcétera.
Estos botones de muestra con otras reformas de variada índole que se están cocinando, como la que promueve el aborto del ser humano en el seno materno, o la que pretende prohibir las corridas de toros, generan una revoltura temática que permite al gobernador ampliar su autoritario control, presumir avances legislativos de presunta vanguardia mundial y de paso, entretener al pueblo y a los medios de comunicación, así como adormecer a la escasa conciencia crítica que aún queda, respecto al tema de la mega deuda de Coahuila de la que el moreirato es causa, tapadera y patente de impunidad.
Con la reforma legal con la que el moreirato se cuela en el tema minero, ya estará el moreirato entremetido en el trabajo de las minas de Coahuila, acosando a los productores con propósitos de extorsión y control, lo que hará nugatorios los beneficios de la Reforma Energética recién aprobada, en la medida en que los productores afectados lo permitan y se dejen presionar sin hacer nada.
Sin embargo, los mineros afectados por esta intromisión tienen la opción de defender sus derechos, acudiendo al amparo de la justicia federal, y los municipios que estén fuera del control priista moreirista están en su derecho y hasta en el deber jurídico de contribuir a la salvaguarda de la Constitución a la que están obligados, iniciando una controversia constitucional que deje sin efecto a la nueva ley y la declare insubsistente.
