Finalmente se confirmó lo evidente y obvio: las lesiones graves a nueve personas y la muerte de un menor de 13 años fueron causadas por los proyectiles que lanzaron los policías y no los cohetones que arrojaron los manifestantes. Así se configura lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos califica como un uso excesivo y negligente de la fuerza por parte de la policía poblana.
Las imágenes mostradas en Internet y circuladas en las redes sociales evidenciaban claramente que la policía era la responsable del enfrentamiento que se dio entre pobladores y las fuerzas del orden, el 9 de julio pasado, pues arremetieron en contra de los manifestantes mientras éstos realizaban una manifestación pacífica, que interrumpía el tráfico en una importante arteria.
Las imágenes no mostraban ningún intento de negociación o de persuasión, sino la agresión policiaca y la persecución de los manifestantes; igualmente, permitían observar las graves lesiones que les habían infligido a varios de ellos y había pocas dudas (en imágenes de mala calidad y difundidas por la red) de que éstas tenían que ser provocadas por los proyectiles que lanzaron los policías.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de la actuación policiaca el gobernador Manuel Moreno Valle y, particularmente, el procurador de justicia de esa entidad, Víctor Antonio Carrancá, manipularon las evidencias, obtuvieron dictámenes médicos amañados y alteraron videos para proteger a los policías y a sus jefes.
Más allá de los hechos específicos fue el contexto el que provocó la agresión en contra de la ciudadanía, pues unos meses antes el gobernador poblano había enviado al Congreso su iniciativa de la denominada "Ley Bala" y la misma fue aprobada en el Congreso con cambios menores. A pesar de las advertencias de analistas, expertos y las organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno y sus personeros siguieron adelante y aplicaron la legislación, que en realidad más allá de su denominación, lo que hacía era legalizar el uso de la violencia y armamento para disolver manifestaciones pacíficas.
Así fue el mismo gobernador el que construyó el escenario para la represión, que provocó la muerte del menor y, entre otras lesiones graves, la pérdida de un ojo de otro de los manifestantes. Pero, una vez que la agresión se suscitó con las fatales consecuencias ya señaladas, fue el mismo gobernador el que solicitó al Congreso derogar dicha legislación, en un acto meramente mediático, que los diputados hasta hoy se han negado a realizar; y, lo peor, inició la protección de sus subordinados.
Para ponerlo en términos muy llanos fue el mismo gobernador el que construyó las condiciones, es decir, el que encendió la mecha; y, al final del camino, también intentó eximir de toda responsabilidad a los represores, enviando de esa manera el claro mensaje de que estaba de acuerdo con las acciones policiacas.
De inmediato su procurador inició toda una campaña mediática para desvirtuar la versión de que habían sido los artefactos que lanzó la policía los que habían provocado las lesiones; y, para encontrar responsables, señaló que habían sido los mismos pobladores los que los habían lesionado. Recurría a videos o, al menos, eso argumentaba públicamente que según él mostraban hasta el origen del cohetón que lesionó al menor.
Hoy todo esto quedó desvirtuado con la recomendación de la CNDH, sin embargo, la misma básicamente responsabiliza al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, es decir, dirige sus baterías en contra de un funcionario de segundo nivel y exime de toda responsabilidad al gobernador y minimiza la del procurador.
En consecuencia, el gobernador aceptó las recomendaciones y de inmediato nombró a un Fiscal Especial, tal como lo señala la CNDH, sin embargo, el problema es que dicha responsabilidad se la delegó el gobernador a José Antonio Pérez Bravo, quien hasta estos momentos era subordinado del mismo procurador, con lo cual las posibilidades de actuar con independencia son mínimas.
Así el desenlace puede anticiparse desde estos momentos: las responsabilidades se imputarán a los policías y funcionarios menores de la Secretaría de Seguridad Pública y los personajes de primer nivel, que fueron quienes provocaron y ordenaron la represión, no serán ni siquiera molestados.
Con estas medidas en lugar de inhibir la violación de los derechos humanos, al contrario se incentiva, pues los represores saben que lo pueden hacer impunemente, pues para efectos prácticos gozan de inmunidad. Así aunque legalmente son imputables y deberían ser sancionados, por la vía de los hechos gozan de fuero, pues las baterías siempre se dirigen en contra de funcionarios menores.
Hay que recordar que exactamente lo mismo sucedió en el caso de San Salvador Atenco, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era la que tenía la facultad de investigación, de acuerdo a la Constitución; precisamente por las debilidades de esa disposición es que se hizo la reforma para ampliar y fortalecer las atribuciones de la CNDH, pero ya se evidenció que esto tampoco funcionará.
Y, desde luego, esto se magnifica en un país donde el cinismo de los servidores públicos es infinito y por más señalamientos que se hagan en su contra y evidencias que los condenen, ellos simplemente los ignoran y se mantienen en sus puestos como si nada hubiese sucedido.
En este caso se conjugan una débil recomendación de la CNDH y una todavía más débil respuesta del gobernador poblano; mientras esto perdure, la represión y las violaciones de los derechos humanos persistirán como hasta hoy.
