La región de Yongi y Gongju acogerá la nueva capital en un plazo de 25 años.
11 de agosto 2004.
Seúl, (EFE).- El primer ministro de Corea del Sur, Lee Hae Chan, anunció hoy que la región de Yongi -Gongju acogerá a la nueva capital del país y reemplazará a Seúl gracias a su situación más céntrica y alejada de la peligrosa frontera con el Norte.
"La región elegida está ubicada en el centro del país, lo que ayudará a promover el desarrollo equilibrado de Corea y a aumentar la unidad del pueblo", dijo en rueda de prensa el jefe de Gobierno, quien quiso poner fin a una larga polémica convertida en pugna electoral en los comicios presidenciales de 2002.
La región designada aúna las localidades rurales de Yongi y Gongju como base sobre la cual construir la nueva capital de Corea del Sur en un plazo de 25 años.
El presidente surcoreano, Roh Moo Hyun, había hecho de la recolocación de la capital administrativa de Corea una de las promesas de su campaña para su elección.
Esta prioridad ha contado con una fuerte oposición por parte de otros partidos políticos y grupos sociales, por las ingentes sumas que requerirá levantar la ya llamada "capital del siglo XXI" y por las connotaciones históricas que tiene el relegar a Seúl (capital durante 700 años) a un segundo plano.
El lugar elegido para reubicar la capital surcoreana se encuentra 160 kilómetros al sur de Seúl y a apenas diez kilómetros de otras dos grandes ciudades, Taejon y Chongju.
Esta cercanía, señalan los detractores de la decisión, llevará a la creación de una "megalópoli" sin parangón en el mundo, es decir, una especie de ciudad estado.
El Gobierno dice, por el contrario, que la nueva capital contribuirá a la descentralización.
"El lugar para la nueva capital es el mejor entre las zonas candidatas en términos de potencial contribución a ese desarrollo regional equilibrado, con buenas comunicaciones y medios de vida adecuados", dijo Lee en su anuncio.
El primer ministro surcoreano indicó que la compra de tierras en esa zona de 714 mil hectáreas elegida comenzará en 2007 y se espera que los trabajos de reubicación no estén terminados hasta 2030.
El coste aproximado del cambio de capital rondará los 94 mil millones de dólares y, según los opositores al cambio, promoverá un flujo económico sin parangón en la historia de este país, pero a la vez una especulación sin límites.
Según el Gobierno, el cambio de capital permitirá descongestionar el área en torno a Seúl, demasiada cercana a la frontera con Corea del Norte.
Algunos de los promotores de la idea de bajar la capital hacia el sur, es decir, hacia el centro geográfico del país, recordaron que Seúl está actualmente al alcance no ya de los misiles norcoreanos, sino de los cañones de gran calibre del régimen comunista.
En caso de un ataque inesperado y antes de que se produjera una respuesta militar de Corea del Sur y Estados Unidos (con 37.000 soldados desplegados en la península), Seúl, a 40 kilómetros escasos de la frontera, quedaría arrasada por la artillería del Norte.
La razón de la dimensión excesiva que ha alcanzado Seúl también tiene sus argumentos a favor: la actual sede administrativa cuenta con 10.3 millones de habitantes, es decir dos terceras partes de la población del país y 77 veces más que Gongju, famosa por sus pepinos, arroz, setas y manzanas.
Esta zona además albergó uno de los tres reinos de la historia antigua de Corea, el de Pakche, hasta el año 538 de nuestra era.
El anuncio de hoy se ha producido en medio de la polémica abierta entre los partidos políticos y la opinión pública fuertemente dividida.
El primer partido de la oposición, Gran Partido Nacional (GPN), ya declaró inválida la designación y criticó al Gobierno por llevar a cabo el traslado sin consenso político.
"Es una insensatez decir que esa decisión responde a la ejecución de la ley", señaló Lee Hahn Koo, uno de los líderes del GNP.
Según Shin Ki Nam, presidente de Nuestro Partido, la fuerza oficialista en el Gobierno, la reubicación cumple la ley aprobada el pasado mes de diciembre en la Asamblea Nacional cuando el Parlamento estaba controlado por la oposición del GNP.
La ley está siendo examinada actualmente por el Tribunal Constitucional, ante una demanda opositora presentada el mes pasado y que pone en duda la legalidad del dictamen.
