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Subsidios a la sobreexplotación

A la ciudadanía

MANUEL VALENCIA CASTRO

En un país como México, los subsidios a la agricultura debieran ser muy importantes. Por lo que escuchamos en el discurso político y económico, los ambiciosos programas instrumentados desde hace décadas para modernizar el sector agrícola, así como la resignación del gasto social ahora mucho más dirigido en beneficio del mismo sector, han tenido como objetivo principal el combate a la pobreza rural.

No obstante, según un experto del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) "hoy, como hace dos décadas, una tercera parte de la población rural vive en extrema pobreza (pobreza alimentaria), y a pesar del avance gradual del proceso de urbanización, la mayoría de los pobres extremos sigue viviendo en el sector rural."

Si el objetivo no se está cumpliendo, entonces ¿a quiénes benefician los subsidios al sector rural? Todo parece indicar que los grandes productores comerciales son los más beneficiados, con frecuencia, dice Scott del CIDE, se justifica mantener o incrementar el apoyo que se les brinda en respuesta al apoyo que reciben sus competidores en otros países, y con base en la aspiración de la seguridad alimentaria.

De acuerdo con un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de la que México es miembro, los miles de millones de dólares que diariamente pagan los contribuyentes en los países con grandes subsidios al campo, van a dar a las manos de un pequeño grupo de personas o compañías que no lo necesitan.

Pero esto no es todo, en un Informe sobre desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se advierte que el gobierno mexicano ha estado subsidiando el agotamiento del agua, ya que los grandes agricultores por un lado acaparan la mayor parte de los subsidios de riego, y por otro, sobreexplotan el recurso.

En el norte de México, en especial en la Comarca Lagunera, la agricultura intensiva ha sobreexplotado el agua provocando una disminución en las reservas de agua subterránea. Esto significa que la extracción de agua durante un período amplio y continuado ha sido, y es, mucho mayor a la recarga.

No hay duda que la sobreexplotación ha sido alentada por los subsidios a la electricidad y representa además una amenaza para la productividad agrícola a largo plazo. En muchos países, incluyendo algunos del tercer mundo, han desaparecido dichos subsidios, y se ha podido disminuir la extracción. Además, como consecuencia de la medida, los agricultores adoptaron sistemas de riego para utilizar con mayor eficiencia el agua. Esto es muy diferente a lo que actualmente se hace en México y en la Comarca, ya que la tecnificación del riego no se ha acompañado con una medida que limite la extracción de agua, provocando lo que el PNUD advirtió: que se subsidie la sobreexplotación. Por nadie es desconocido, que los grandes agricultores beneficiados por el subsidio al riego, en lugar de ahorrar el agua proveniente de la tecnificación, amplían sus superficies de cultivo, de manera que los efectos negativos sobre el ambiente continúan.

La Comisión Nacional del Agua pretende una vez más, sólo que ahora con mayores recursos, subsidiar la tecnificación del riego. Se quiere lograr, ahora sí, un ahorro importante de agua, buscando no la estabilización del acuífero sino un nuevo equilibrio.

Dadas las experiencias anteriores, no es difícil saber que se apuesta, con recursos públicos, a un nuevo fracaso, a menos, que se apliquen otras medidas en las que el objetivo sea disminuir la extracción. Para ello, es necesario terminar con los pozos ilegales, retirar las concesiones a quienes estén haciendo mal uso de ellas, esto es, a quienes están extrayendo más de lo que su concesión establece, y lo que tantas veces se ha comentado por la autoridad en materia de aguas: establecer un sistema de medición adecuado y moderno en cada uno de los pozos.

Quizá estamos en un buen momento para discutir la viabilidad de impulsar una política que incluya la aplicación del concepto de ecocondicionalidad, la cual condiciona el otorgamiento de incentivos, como los subsidios, al cumplimiento de objetivos ambientales.

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