La situación particular de La Laguna, dividida política y administrativamente en dos estados, vuelve obligado un tratamiento diferenciado por parte de los gobiernos estatales y federal, en donde la coordinación debe jugar un papel preponderante, no sólo para resolver los problemas urgentes que aquejan a la comarca, sino también para construir un modelo de desarrollo regional viable y de largo plazo. En este sentido, desde hace lustros, los dos niveles de gobierno mantienen una deuda con la región. Y a casi dos años de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República no se observa que exista un proyecto definido en este sentido.
El último gran proyecto integral federal pensado para la comarca fue el Plan Nueva Laguna, surgido en gran medida por la búsqueda del expresidente Carlos Salinas de Gortari de ganarse el favor de una región en donde el cardenismo, representado simbólicamente entonces por la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, oponente del priista que perdió la elección en medio de acusaciones de fraude, tenía mucho arraigo aún. Ciudadanos del sector social y privado lograron aprovechar la coyuntura para meter en la agenda del naciente gobierno las demandas de una comarca que ya mostraba visos de estancamiento. El resultado fue el citado plan, dividido en siete ejes, que no logró trascender el sexenio en buena medida por el manoseo político que se hizo del mismo y la falta de interés del sucesor de Salinas, Ernesto Zedillo.
Luego de la crisis económica de 1995 y los problemas ocasionados por una larga sequía en el campo, la comarca agudizó su declive, potenciado por la visión centralista de los gobiernos estatales, manifiesta desde entonces. El plan de Zedillo para la región plasmado en la Alianza para la Reactivación Económica y el Empleo (APRE) fue más una estrategia reactiva y contingente que un proyecto de largo alcance. La apuesta en aquellos años se centró en impulsar en La Laguna el modelo maquilador, el cual entró en crisis muy pronto a principios del presente siglo y que dejó una estela de descomposición visible todavía.
Durante el panismo, La Laguna pasó a segundo término en la agenda nacional y quedó a merced de las políticas de los gobiernos priistas de Coahuila y Durango, quienes continuaron privilegiando a las capitales. Al bache económico se sumó una crisis de seguridad sin precedentes que hundió a la región en una decadencia de la cual aún no logra salir. Los antiguos pivotes que vinculaban a La Laguna con la capital de la República se perdieron y hasta ahora no se han recuperado.
En el sexenio pasado se abrigó una esperanza en la creación de los planes y fondos metropolitanos para el impulso de la zona conurbada de la Comarca Lagunera. Sin embargo, el control quedó en manos de los gobiernos de los estados quienes a discreción ejercen los recursos más enfocados en tapar los huecos de sus presupuestos. Algo similar ha ocurrido con el dinero del Programa Nacional para a Prevención de la Delincuencia y la Violencia, el cual hasta ahora muestra resultados dudosos, aunque hay que reconocer que es poco el tiempo que tiene en operación. Sin embargo, los problemas que han enfrentado las obras en ambos lados del Río Nazas, no permiten mucho espacio para el optimismo.
Enrique Peña Nieto no ha mostrado hasta ahora un plan integral para La Laguna. Su gobierno ha puesto el énfasis en la seguridad, con una estrategia, el Operativo Laguna, que si bien ha logrado disminuir la manifestación más violenta de la operación del crimen organizado, no ha podido acabar con ellos, además de que los delitos comunes, competencia de los estados y los municipios, siguen siendo un dolor de cabeza para la población.
La lejanía de Peña Nieto para con la comarca se ha traducido en una percepción negativa de la población respecto a su gobierno. En el último estudio del Barómetro de Opinión Pública de México Avanza, de agosto pasado, basado en 1,200 encuestas en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, la calificación promedio que le dan los laguneros es reprobatoria: 5.7.
En cuanto a los proyectos de infraestructura plasmados en las promesas de campaña del mexiquense, en su mayoría son obras que se han reciclado de los planes de los gobiernos estatales, lo cual motiva a pensar que la referencia que tienen Peña Nieto y su gabinete respecto a la región está acotada a la visión sesgada de las administraciones de Jorge Herrera Caldera y Rubén Moreira, quienes tienden a concentrar sus esfuerzos en apuntalar a sus grupos políticos y no en trazar un rumbo claro para la comarca. Y a casi dos años de administración federal, la mayoría de esas promesas aún está en proceso de concretarse, como se establece en la nota de la periodista Fabiola Pérez-Canedo que se publica hoy en la portada de El Siglo de Torreón. Tal es el caso del Metrobús, un nuevo parque industrial, un centro de convenciones, el segundo libramiento y la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas.
Con todo, estos proyectos se antojan insuficientes y de poco sirven para detonar el desarrollo de La Laguna si no existe un plan de amplia visión y largo aliento que los vincule y potencie. Las consecuencias de la ausencia de un plan así están a la vista: la región ocupa el lugar 44 de 77 en competitividad a nivel nacional y 65 de 77 en salarios, según el reporte del IMCO 2012, con un estancamiento en el crecimiento del empleo, que fue apenas del 7.5 por ciento entre 2007 y 2012, según datos del IMSS.
Nuevamente la salida del bache en el que se encuentra la región apunta a la articulación de una ciudadanía activa, consciente de los aciertos y errores del pasado, que logre construir una agenda independiente de los vaivenes de la política electoral y que obligue a los gobiernos estatales y federal a voltear a La Laguna, pero con una mirada distinta, alejada del manoseo y la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Ya hemos visto que sentarse a esperar que los gobiernos lo hagan por sí solos es una apuesta perdida.
LA DEUDA DE COAHUILA
Otra de las asignaturas pendientes del gobierno de Enrique Peña Nieto tiene que ver con el caso de la deuda de Coahuila. Al igual que la administración de Rubén Moreira, la administración federal se ha mostrado renuente a investigar el fraude con el que fue contratada parte de los créditos y la red de corrupción que autoridades norteamericanas han revelado que operó en el sexenio estatal pasado. La omisión y falta de voluntad en este caso abren la puerta a las teorías de la complicidad y la debilidad del Estado de Derecho.
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