La Ley para la Declaración de Ausencia por la Desaparición de las Personas aprobada en Coahuila ha generado opiniones encontradas. Por un lado, los familiares de personas que han desaparecido la han recibido positivamente al considerarla como parte de la responsabilidad del estado para disminuir el daño y restablecer la justicia.
Por el otro, los empresarios han reiterado su negativa total, ya que consideran que la mayor parte de la “carga” recae en ellos ya que, según el artículo 14, deben hacerse responsables de pagar el sueldo y mantener la plaza de los trabajadores que adquieren estatus de desaparecidos.
Hace unos días los miembros del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y del Grupo Empresarial de La Laguna, solicitaron a los legisladores locales por escrito la derogación de dicha ley.
Agustín Arellano, presidente del CLIP, dijo que lo que piden es que se derogue o se reinicie el proceso para tratar de mejorarla. Básicamente los empresarios dicen que ven varias imprecisiones y que existen otros mecanismos que se pueden utilizar para beneficiar a las familias de los desaparecidos como la compra de un seguro o que puedan cobrar la pensión en el Seguro Social.
Los empresarios además piden que exista una responsabilidad por parte del estado en esta normativa, ya que consideran que la desaparición forzada de las personas es consecuencia de la falta de seguridad pública, un servicio que debe proporcionar el Gobierno del estado.
La aplicación de esta ley ha generado advertencias respecto a que algunas empresas pudieran dejar La Laguna de Coahuila e instalarse en la parte de Durango para evadir algún tipo de responsabilidad con esta nueva ley.
De acuerdo a cifras de las autoridades estatales, durante el primer semestre de este año no se han presentado desapariciones. Sin embargo, de 2006 a 2013 se han registrado 1,600 casos en todo Coahuila.
Lo importante de esta ley es que se debe dar certeza a las familias afectadas y sacarlas del estatus de vulnerabilidad en el que se encontraban, pero el peso no debe recaer sólo en un sector de la sociedad, el productivo, sino que debe ser repartido de acuerdo a la responsabilidad de cada uno de los actores públicos, y no cabe duda que la mayor responsabilidad en este tema es del gobierno.
