El caso del ex tesorero del Gobierno de Coahuila, Javier Villarreal, es otra muestra del cinismo de los políticos mexicanos y la inoperancia de la justicia mexicana; es uno más de los ex funcionarios públicos mexicanos que es perseguido y condenado en el extranjero, mientras en México goza de la protección de sus correligionarios políticos.
El caso de Villarreal es todavía más irritante para los mexicanos y, especialmente para los coahuilenses, porque al verse perdido ya negocia un acuerdo con la justicia texana para conmutar, al menos parte, de su condena por la entrega del dinero que tiene en las cuentas de los bancos de esa entidad, que hasta donde se sabe por los medios de comunicación llega a los 6.5 millones de dólares.
Aunque se desconocen los términos del acuerdo es un hecho que Villarreal accedió al trato porque no pudo comprobar la procedencia lícita de esos recursos, es decir, lo que hoy es un hecho cierto es que el dinero es producto de actividades no declarables mientras era funcionario público del Gobierno de Coahuila, durante el gobierno de Humberto Moreira.
Cualquiera que sea la fuente de su riqueza es un hecho que provino de aprovecharse del puesto público que detentaba: fuese el desvío de recursos públicos, el sacar ventaja de información privilegiada o el cobrar favores a terceros -algunos por permitirles hacer negocio con el mismo gobierno, seguramente a otros por permitirles delinquir o, al menos, tolerarles la violación de normas administrativas.
Pero en cualquier caso es dinero de la ciudadanía de Coahuila que fue desviado a los bolsillos de un particular, aunque en ese momento fuese funcionario público. Y con absoluto cinismo en esta segunda vuelta utiliza este dinero de los coahuilenses para disminuir o evadir una condena en Estados Unidos y serán éstos los que se beneficiarán de dicho recurso, cuando deberían regresarlo al erario público coahuilense o, al menos, mexicano.
Pero eso no es posible porque en México no existe ni siquiera una denuncia integrada, mucho menos un juicio abierto al respecto, es decir, ni el gobierno coahuilense ni el mexicano tienen un juicio abierto al respecto y, por lo tanto, no existe la reclamación de la propiedad de esos recursos, por lo tanto, el gobierno texano o estadounidense lo utilizarán en su beneficio.
El no poder demostrar la procedencia lícita de esos recursos de inmediato tipificaría el delito de enriquecimiento ilícito de acuerdo al artículo 224 del Código Penal Federal, que señala con claridad: "Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos".
El delito se estableció en la legislación precisamente para poder castigar el enriquecimiento de los funcionarios públicos durante el ejercicio de su cargo, sin tener que demostrar específicamente la procedencia de dichos recursos, lo cual resulta muy difícil -por no decir imposible- en muchos de los casos. En estos casos lo único que el Ministerio Público tiene que demostrar es que el patrimonio del funcionario público se incrementó desproporcionadamente a los ingresos que percibió durante el tiempo en que ejerció el cargo.
Una vez que logró demostrar que el crecimiento efectivamente no corresponde a los ingresos que el mismo funcionario tuvo que incluir en su declaración patrimonial, la carga de la prueba pasa al ex funcionario público acusado, pues es él quien tiene que demostrar que este enriquecimiento proviene de actividades lícitas.
Es un delito cuyo apego a los principios internacionales del derecho bien puede ser cuestionado, pues pone la carga de la prueba en el acusado en lugar de acusador; pero que precisamente se estableció en México (y en muchos otros países con democracias emergentes) precisamente para poder castigar a los funcionarios corruptos. Mayor facilidad para perseguir y castigarlos no puede haber.
Pero a pesar de ello, ni el gobierno de Coahuila ni el gobierno federal integraron una averiguación previa y menos todavía consignaron ante un juez a los principales implicados en el llamado "moreirazo". Sin embargo, sí lo hicieron en Estados Unidos simplemente porque se percataron que el patrimonio de Villarreal creció vertiginosamente y hoy, aunque no es claro si el gobierno norteamericano comprobó el origen ilícito de dichos recursos, sí lo es que el inculpado no pudo comprobar su origen lícito y, por lo tanto, está dispuesto a entregárselos al gobierno texano.
Si en México alguna autoridad hubiese iniciado un juicio al respecto, hoy se estaría en posibilidades de reclamar la propiedad de los recursos que Villarreal entregará a la justicia norteamericana, pero como no existe serán los coahuilenses los que paguen el costo (no sólo de esos 6.5 millones de dólares más el del resto de las propiedades y negocios que le encontraron a Villarreal en EU, sino de los más de 100 mil millones de pesos que el "moreirazo" les dejó de herencia) y el Gobierno mexicano el que disponga, al menos de parte de esos recursos.
Y, mientras esto sucede, ni el gobierno actual de Coahuila -encabezado por Rubén Moreira, hermano del anterior gobernador- ni el federal -encabezado por Enrique Peña Nieto, quien hizo a Humberto Moreira presidente del CEN del PRI, en 2005- dicen esta boca es mía, simplemente guardan silencio y esperan, como normalmente sucede, que el asunto se olvide y ellos no paguen las consecuencias de su complicidad por omisión.
