Tremendo aprieto en el que se encuentra metido el gobierno de Rubén Moreira, a quien con todo y su jubiloso discurso de que en Coahuila se respira aires de tranquilidad y que hay una nueva forma de gobernar, la necia realidad se empeña en contradecirlo. Y es que como bomba de trinitotolueno cayó la información de que los jefes de varios grupos del narcotráfico se habrían reunido en junio pasado en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, según reportes de inteligencia, en una “cumbre” para crear un “megacártel” en lo que sería un reacomodo del mapa delincuencial de la República Azteca. El hecho de que la reunión se haya llevado a cabo en esta provincia tiene serias implicaciones que echan por la borda la retórica oficial, ya que supone que dichos cárteles todavía pueden moverse como pez en el agua en estos territorios sin que ninguna autoridad se dé cuenta o quiera darse cuenta.
También supone que los criminales siguen controlando zonas de la entidad y que muy campantes pueden venir a dialogar entre sí, hacer sus acuerdos y retirarse tranquilamente del lugar de “cónclave” por rutas que no están al alcance de las llamadas fuerzas del orden o que por extrañas razones no son vigiladas. Sobre este tenebroso asunto, no hay que soslayar que la información salió de fuentes federales, las cuales parece que quieren poner la mira sobre este bello estado, habrá que ver con qué intenciones. Pero no sólo eso. En los últimos días en Torreón, ese paraíso de la paz según el gobierno estatal, se han venido suscitando hechos violentos inquietantes incluso en el sector Poniente, en donde, como bien sabe usted enterado lector, se invierten ingentes recursos para rehacer esa abstracción que llaman tejido social. Por si fuera poco, ayer fue asesinado un elemento del Ejército, una situación que no se había registrado en esta “pacífica” región desde hace más de un año. Lo curioso del caso es que el crimen ocurrió a plena luz del día cuando el soldado salía del Cereso de Torreón, un lugar que se supone debe estar vigilado. En fin, habrá que esperar a ver qué dicen ahora nuestras optimistas autoridades. Tal vez recurran nuevamente a la típica frase tangencial de que todos son “hechos aislados”.
Por si no fuera suficiente el escollo de la inseguridad y la violencia criminal, el espeluznante caso del extesorero estatal Javier Villarreal, nuevamente pone a sudar la gota gorda a la administración moreirista. Y es que, como se dio a conocer, el zar financiero del sexenio de Humberto Moreira firmó un acuerdo para renunciar a su derecho de reclamar 6.5 millones de dolarucos -¡qué generoso!- que los fiscales en Texas sospechaban que habían salido de las arcas públicas estatales y ahora creen que también provino de jugosos cochupos que el crimen organizado habría dado a Villarreal a cambio de torcidos contratos estatales de empresas de pantalla. Los agudos espectadores de la cosa pública creen que el asunto merece una postura del gobierno provincial, sin embargo, una vez más, don Rubén decidió guardar silencio y dejar que su secretario de Gobierno, Armando Luna, hablara sobre el tema. Pero eso de hablar es sólo un decir, porque don Armando se limitó a expresar que no hay nada qué comentar ni hacer ya que, para él, no existen indicios de que ese dinero haya salido del agujereado erario coahuilense y, por lo tanto, ni por la mente les pasa reclamarlo a los fiscales del Tío Sam -no vaya a ser que se enojen-. El asunto es que, en medio de todo este intento de deslinde, queda la duda de que si el dinero que Javier Villarreal invirtió en propiedades y cuentas de Texas no salió de los bolsillos de los ciudadanos, entonces ¿adónde fue a parar la mitad de la megadeuda contratada que no aparece en ninguna de las cuentas públicas que entregó el exgober fugitivo, Jorge Torres, a la actual administración? Además ¿cómo es que nadie se percató de los contratos irregulares entregados a cambio de los supuestos sobornos de los malandros y por qué el gobierno de Moreira no quiere investigarlo? Pero más allá de esto, dicen los conocedores de estas tramas que el asunto central es que en el acuerdo que firmó don Javier reconoce que, si bien él no “supo cómo” -cosa que nadie cree-, existió fraude y lavado de dinero -¡zas!-, es decir, los delitos por los que está siendo procesado y que han quedado expuestos con la investigación de la presunta red de corrupción que operó en la administración pasada. Si, como alega, él no tuvo participación, entonces ¿quién? Ante esto, los más avezados se preguntan ¿hacia dónde apuntará el dedo del extesorero, quien a todas luces intenta salvar el pellejo cooperando con las autoridades gringas?
Y ya que hablamos de líos y escándalos, el truculento caso por supuestos fraudes y falsificación de documentos que investiga la Administración Fiscal General del Estado en forma conjunta con la Procuraduría en la Recaudación de Rentas de Torreón, podría salpicar al departamento de Transporte estatal donde, dicen los subagentes disfrazados de taxistas, el delegado Luis Salas Leoni y sus dos únicos inspectores cantan muy bien las rancheras. Comentan que esta dependencia, en donde el aseo es un concepto desconocido, se maneja como si fuera la ínsula Barataria de Sancho. Cuentan que por ahí pasan religiosamente las aportaciones de taxistas, camioneros, concesionarios del transporte de personal y de un gremio muy olvidado de la regulación, pero no del cobro de cuotas, que es el transporte escolar. Así las cosas, comentan, el poder absoluto para dar, quitar y recibir a diestra y siniestra se centraliza en un funcionario de media jerarquía que se ha convertido en el terror de quienes tienen en el transporte su modo de vida. Los subagentes dicen que el lema en esta dependencia es el moderno proverbio chino de “cooperas o cuello”.
Versa el adagio popular que la venganza es un plato que se sirve frío y se come despacio, y viene muy bien a colación por las observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado al extesorero de Torreón, ave de mil tempestades, Pablo Chávez Rossique. De acuerdo con versiones de nuestros subagentes, la dependencia que encabeza Armando Plata -quien, por cierto, a pesar de todos los escándalos de la megadeuda que pasaron frente a sus narices, sigue muy firme en su puesto- hizo observaciones por alrededor de 150 millones de pesos de asuntillos de los que supuestamente no existen comprobantes. Algunos están relacionados con los nombres de los beneficiarios del programa de despensas caducas que se entregaron durante la administración de Eduardo Olmos, así como las facturas por la construcción del elefante blanco enterrado -perdón, el estacionamiento de la Plaza Mayor-. Pues resulta que, según los bien enterados, los documentos del programa y la obra de marras sí fueron entregados en tiempo y forma -vaya usted a saber en qué tiempo y en qué forma-, pero que, aún así, el miércoles pasado el funcionario mejor vestido de la administración no acudió a la visita de supervisión -para evitarse la molestia- y prefirió mandar a sus fieles soldados Rocío Ríos y Javier Ogazón para que llevaran de la manita a los auditores de la ASE a ver físicamente lo que supuestamente no estaba documentado. No obstante, vale la pena recordar que Chávez Rossique, por lo menos en dos ocasiones, se pasó por el arco del triunfo los apercibimientos de Plata por entregar a destiempo los avances de gestión financiera municipal. Al menos de esta batalla, de tantas que tiene, parece que el extesorero salió bien librado.
En donde las cosas tampoco andan bien es en el sindicato del Ayuntamiento de Torreón. Bueno eso de que no andan bien es un decir, porque para unos van viento en popa, como es el caso del secretario general Saúl Moreno Blanco. Nuestros subagentes disfrazados de báscula, por la que han pasado ya varios empleados municipales, nos informan que la rebatinga para la sindicalización está a todo lo que da. Las tarifas fijadas son de 50, 80 y hasta 100 mil pesos, dependiendo del puesto que se busque y el grado de complejidad que represente. Eso implica algo así como la compra de una plaza magisterial de por vida, incluso heredable, como sucede en el sindicato de Parques y Jardines, donde hijos suceden a sus padres tranquilamente y sin el pago de derechos. El caso es que, dicen, el secretario general nada entre dos aguas. Por un lado le da entrada a los ansiosos por sindicalizarse y por otro presiona a las autoridades municipales con negociaciones a cambio de una o dos placitas laborales, “como favor” para trabajadores meritorios. Y ya hay por ahí una listilla de beneficiados. Si a lo anterior sumamos las aberraciones que aún existen en la sagrada nómina, con asistentes y choferes que ganan más que jefes de área, pues el cuadro del empleo en el ayuntamiento queda como lo más parecido a una pintura surrealista de Dalí.