“La corte va a decidir si da la aprobación final en febrero del 2015”, dijo la vocera de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Anna Castro. (Archivo)
Con mentiras fueron obligados a abandonar "de manera voluntaria" Estados Unidos, pero ahora todo indica que tendrán la oportunidad de regresar con sus seres queridos.
El panorama para un grupo de inmigrantes deportados -sobre todo mexicanos- bajo un procedimiento engañoso, se aclaró esta semana cuando una corte admitió de manera preliminar una demanda colectiva de varias organizaciones pro migrantes.
“La corte va a decidir si da la aprobación final en febrero del 2015”, dijo la vocera de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Anna Castro.
Ante la perspectiva positiva abierta para quienes fueron deportados, la tarea para los grupos pro migrantes será localizar en los próximos meses a través de anuncios mediáticos a aquellas personas que pudieran resultar favorecidas.
El denominador común es que a esos deportados se les negó el derecho de defenderse ante un juez de migración.
Con siete años de residencia indocumentada en San Diego, la mexicana Isidora López-Venegas fue detenida con su hijo –quien padece un tipo de autismo- por agentes migratorios con el argumento de revisar sus papeles.
“Nos llevaron a una estación de la Patrulla Fronteriza donde me dieron una forma para salida voluntaria y repetidamente, demandaron y me instruyeron a firmarla”, contó López-Venegas.
La mujer fue amenazada con ser encarcelada y separada de su hijo si se negaba a firmar su “salida voluntaria” e incluso los agentes le sugirieron que en México podría arreglar sus papeles de manera fácil para regresar.
“Yo aprendí después que esto era una mentira”, dijo esta mexicana, madre soltera, que forma parte de la demanda presentada entre otras organizaciones por la ACLU.
“Muchas otras familias han sido afectados por las prácticas asociadas con la salida voluntaria del gobierno y es importante que yo luche por los que han sido afectados”, aseguró.
Tal es el caso de Alejandro Serrato, quien llegó de niño a Estados Unidos y permaneció aquí hasta su deportación en 2012.
Serrato fue forzado a marcharse de Estados Unidos solo porque su esposa es estadunidense y su hijo también, pero esa condición en nada conmovió a los agentes del estadunidense Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El caso fue el mismo: un funcionario de migración le presentó la temida forma de “salida voluntaria” y “me dijo que la firmara”.
“Me dijo que sería fácil obtener un estatus legal a través de mi esposa desde México y me presionó para firmar la forma rápidamente”, indicó Serrato, quien por esa situación se ha perdido de importantes momentos de la vida de su familia.
De 56 años, Ana María Dueñas llegó con su familia a San Diego en 1976 y permaneció hasta un fatídico día de 2011 cuando, mientras esperaba en un parada de autobús, agentes de inmigración se le acercaron para preguntarle por su identidad.
Como a sus compañeros de infortunio, a Dueñas también le fue presentado el formato de “salida voluntaria” sin advertirle sobre los derechos que perdería si firmaba.
Ahora, tanto López-Venegas, como Serrato y Dueñas –quienes como todos los de la demanda no tienen antecedentes criminales- podrán retornar a Estados Unidos si la demanda prospera, una decisión que debe adoptarse en febrero próximo.
De acuerdo con la ACLU, a todos aquellos a los que se les obligó a firmar su salida voluntaria se les negó la información de que tenían derecho de ser presentados ante un juez de migración.
En caso de ser aceptada, la demanda beneficiaría a todos los que fueron deportados entre el año 2009 y el 18 de agosto de 2014, en sectores cubiertos por la Patrulla Fronteriza en el área de San Diego y en áreas bajo la jurisdicción del ICE en San Diego y Los Ángeles.
