Alternativas. Por tratarse de una atención integral, se contempla también la atención médica y la consulta psicológica.
En noviembre próximo entrará en vigor la Ley de Víctimas del Estado de Durango, para la que se deberán elaborar los reglamentos rectores.
El primer artículo transitorio del documento aprobado en mayo pasado por el Congreso del Estado, refiere que la entrada en vigor de dicho ordenamiento será 180 días después de su publicación en el Periódico Oficial; es decir, en noviembre próximo.
Además de que establece que 55 días después de entrar en vigor, el titular del Ejecutivo del Estado designará a tres comisionados, quienes integrarán la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
Las nuevas operaciones tras la transformación de la Comisión, implicarán también la creación de la Dirección del Registro Estatal de Víctimas, Dirección del Fondo Estatal y la Dirección de Asesoría Jurídica.
"Va a ser necesario crear el reglamento que controle o regule la Ley de Víctimas y esto va a ser 240 días después de entrada en vigor", explicó.
La actual titular del Centro de Atención para las Víctimas del Delito detalló que la conformación de los reglamentos que complementarán a la Ley, será competencia enteramente de los Comisionados designados por el gobernador del Estado.
Flores Morales enfatizó que los criterios para definir cuáles víctimas y de qué delitos, además de las circunstancias que se deben cumplir, serán las que determinarán cuáles víctimas serán susceptibles a recibir reparación de daño y de qué tipo.
"No solamente es reparación del daño en medida económica, hay medidas de compensación por ejemplo en lo que es la terapia psicológica o consulta médica. No necesariamente las víctimas lo que requieren siempre es dinero", destacó.
La Ley de Víctimas establece, como primer criterio, que la reparación del daño en términos monetarios "siempre y cuando sea económicamente valuable".
En los reglamentos que se deberán elaborar entre noviembre y junio próximos deberá asentarse los lineamientos que el Consejo considerará para determinar quiénes de los que integran el Registro Estatal de Víctimas, recibirán la reparación del daño y por qué tipo de delitos del delito del fuero común.
