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Falta preparación en atención a víctimas

Procedimiento. Este año, se han recibido dos quejas relacionadas con la desaparición de personas en Derechos Humanos.

Procedimiento. Este año, se han recibido dos quejas relacionadas con la desaparición de personas en Derechos Humanos.

FABIOLA P. CANEDO

A seis años de las primeras desapariciones forzadas en La Laguna, las instituciones aún no están preparadas para atender a las víctimas, admitió David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC).

"La mayoría de las instituciones no estamos preparadas para atender la situación de todos los derechos que se generan a favor de la víctima, particularmente por la aplicación de la nueva Ley General de Víctimas", comentó.

Por ejemplo, explicó que se establece que una persona que ha sido víctima de un delito de homicidio o desaparición forzada, y que necesita atención médica, debe recibirla en cualquier hospital, aún cuando no sea beneficiario, y posteriormente se le canaliza a otro sitio o se le busca una opción para continuar su tratamiento.

"Se requiere que la información baje, de la Ley donde está, a la realidad de las instituciones, que se le dé a conocer a los aplicadores de los servicios médicos, de educación, de cualquier otra clase que tienen algo que ver con estos delitos, para trámites de inscripciones registrales".

En segundo término, dijo, se necesita capacitación sobre cómo aplicarla, cuándo y a quién, pues no están aún plenamente integrados con las instituciones de la ley, de modo que ha faltado mayor participación.

Dijo que el año pasado se intervino en dos casos de niños, hijos de víctimas de desapariciones forzadas o de homicidio, que fueron excluidos en las escuelas donde estaban, pero en ambos se logró resolver la situación.

Señaló que en 2013 se presentaron 3 quejas relacionadas con personas desaparecidas y en 2014 van 2. Son directamente contra la autoridad policial, que los quejosos reclaman que detuvo a los familiares que no localizan, o bien, contra el Ministerio Público porque se presentó la denuncia por la desaparición de las personas y no se ha integrado adecuadamente la averiguación, no se ha citado a testigos o no se han llevado a cabo las pruebas que solicitan los familiares.

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