Hace un par de años, la profesora Cecilia Hernández fue despedida de su trabajo en el Colegio Lomas Hills, en la Ciudad de México, por mostrar en clase a alumnos de primero y segundo de secundaria la película del activista gay estadounidense Harvey Milk. De acuerdo con Hernández, el argumento de la directora del Colegio fue que la despedían por "faltarle el respeto a los alumnos y a la institución por mostrar esa porquería de película". El tema fue conocido ampliamente en redes sociales y una petición en el sitio change.org llegó a juntar 85 mil firmas demandando al colegio una disculpa pública a la profesora, la cual no ocurrió.
Apenas hace unos meses, la profesora de educación física Ada Lilia Gaxiola fue separada de su cargo en una escuela pública en Morelos por ser lesbiana, con el argumento de "bajo rendimiento escolar". Ella alegaba que su despido se debía a su orientación sexual. Su caso fue revisado por las autoridades escolares del estado de Morelos y la profesora se reintegró a sus clases desde el de 11 de agosto pasado.
Cada año se presentan asesinatos de personas gays-lesbianas-trans que son evaluados e investigados por policías, ministerios públicos y jueces de todo el país. En muchas ocasiones, esos casos son archivados como "crímenes pasionales", desconociendo si hubo detrás motivaciones de crimen de odio por homofobia. En otras ocasiones quienes investigan y juzgan esos casos, lo hacen bajo una serie de estigmas y prejuicios preconcebidos sobre la orientación sexual.
Como sucede con la mayoría de la gente, quienes imparten la justicia en México desconocen varios aspectos relacionados con la identidad y la orientación de género. Cuando una mujer transexual es llevada a la cárcel o a un ministerio público por la policía en cualquier ciudad del país, los y las jueces en muchos casos se enfrentan a un total desconocimiento de cómo tratar a esa persona, en si llamarla por el nombre y el género por el que se identifica o si llamarla por el nombre que aparece en su identificación oficial, en si dejarla entrar a un baño de mujeres o si encerrarla con hombres o con mujeres, entre otras cosas. Cuando a un registro civil en cualquier estado del país llega una pareja de mujeres pidiendo los documentos necesarios para contraer matrimonio, los jueces del registro civil generalmente niegan esa solicitud, argumentando que en el estado no se reconocen los "matrimonios entre gays", desconociendo que la Suprema Corte de Justicia resolvió ya en al menos 4 amparos que "excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio viola el derecho a la no discriminación y a la protección de la familia".
Por todo ello, es realmente una excelente noticia que la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) le encargara a la Maestra Estefanía Vela, del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE, la elaboración del "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género". Ese documento pretende subsanar el desconocimiento de los temas de género entre los jueces, ya que la misma SCJN estableció que "los y las juzgadoras esta→ n obligadas a resolver los casos relativos a los derechos humanos de las personas LGBT, con base en una perspectiva de género y de diversidad sexual", que en muchos casos no tenían. El Protocolo es realmente una guía clara, que no busca hacer "jueces activistas", como los han llamado los movimientos conservadores en EU, sino simplemente capacitar a los jueces en estos temas para que puedan resolver sus casos con la autonomía e independencia que ya tienen, pero con la información que no tenían.
Ahora toca que ese esfuerzo sea distribuido y leído por quienes imparten justicia en México y que con ello vayan desapareciendo las historias como las de las profesoras Hernández y Gaxiola y todas las muchas más que no llegan a los medios de comunicación, pero que ocurren todos los días, en todos los rincones del país.
Politólogo e Internacionalista
Twitter @genarolozano
