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Nacional lunes 18 de ago 2014, 6:56am - nota 10 de 62

Desatienden autoridades albergues infantiles

Por: AGENCIA PAR
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A los seis años, "José" salió de Tabasco. Fue trasladado por unos supuestos tíos a Zamora, Michoacán, para internarlo en el albergue de La Gran Familia. Ahí pasó 12 años de su vida alejado totalmente de sus orígenes. Ahora enfrenta el serio problema de desconocer su identidad real.

Regresó a su tierra natal convertido en un joven, pero sin conocer su domicilio, familiares y ni su verdadero nombre. José es uno de los centenares de "hijos" de Mamá Rosa a los que les cambiaron el nombre y apellido. Por eso José ahora enfrenta la dificultad de rastrear sus orígenes, familia y verdadera identidad.

Este es sólo un caso de los que se presentan en los albergues o internados que atienden a niños y adolescentes huérfanos, extraviados o rescatados de entornos violentos.

A nivel nacional no se cuenta con una política de supervisión estandarizada ni una normatividad uniforme. Estas instituciones, sobre todo las privadas, operan como pueden, con los recursos que consiguen, y los gobiernos estatales y municipales ejercen una supervisión deficiente sobre ellos.

 SIN DATOS FIDEDIGNOS

El principal problema es la falta de datos confiables respecto al número de albergues.

Por ejemplo, en el Distrito Federal existen, oficialmente, 119 albergues públicos y privados para niños, los cuales atienden a 2,214 menores de edad.

Sin embargo, especialistas y legisladores advierten que hay un gran vacío de información en lo que respecta al verdadero número de lugares que se hacen cargo de infantes en situación vulnerable.

La Ley de albergues públicos y privados para niñas y niños del Distrito Federal, vigente desde 2012, obliga al gobierno capitalino a publicar y actualizar el padrón de estos sitios que atienden a menores de edad. Luego de buscar por días dicho documento y solicitarlo a las autoridades, la Secretaría de Desarrollo Social capitalina publicó el documento apenas el pasado jueves 7 de agosto en el sitio web del Instituto de Asistencia e Integración Social. El censo de albergues destaca que la mayoría, 113, son centros privados.

De acuerdo con Efraín Morales, asambleísta del PRD, uno de los promotores de la Ley de cuidados alternativos, única en el país y que fue aprobada en junio pasado, se calcula que en la capital hay 5,500 niños sin cuidados parentales en albergues o casas hogar; son 3,286 más que los que reporta el gobierno del Distrito Federal.

Al respecto, Manuel Granados, presidente de la comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), reconoce que no se tienen estadísticas fidedignas sobre el tema.

Pero según el diputado federal, Carlos Augusto Morales, no sólo en la capital, sino que a nivel nacional no existe un registro de albergues para menores.

En Veracruz operan 38 albergues en donde residen de manera eventual entre 580 a 620 niños y adolescentes, para los cuales cada año reciben del DIF nacional un millón 300,000 pesos que son canalizados a través de la Procuraduría del Menor, monto que se robustece con la intervención del organismo estatal. Los privados operan de manera autónoma en cuanto a recursos económicos y no hay un registro oficial de ellos.

Caso similar es el de Jalisco. En el "Informe especial sobre la supervisión del respeto de los derechos humanos de la niñez en las instituciones responsables de su cuidado y custodia 2012", de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se lee que: "la realidad es que aún no existe un registro confiable que permita tener el número exacto de los niños y las niñas que están en los albergues".

También establece que "situación similar acontece con las casas hogar privadas, pues en el estado operan muchas que no están registradas y reconocidas por las autoridades encargadas de regularlas".

Otro caso es el de Tabasco, en donde hasta ahora no existe un censo completo y por ello el DIF trabaja en el levantamiento y para ello se solicitó la colaboración de los municipios.

En Yucatán sólo hay dos albergues infantiles entre los diez que integran la lista de centros asistenciales a los que el DIF reconoce y con los que tienen convenios. El DIF Mérida tiene una lista más amplia, aunque sólo están registrados como albergues infantiles los mismos dos que consigna el DIF estatal.

Pero tanto la directora del DIF Mérida, Gabriela González, como el director del DIF Yucatán, Limber Sosa, admiten que es muy probable la existencia de albergues clandestinos y no dudan que pueda haber casos de explotación de menores. Incluso se tienen bajo investigación dos sitios.

 SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DEFICIENTE

Los problemas de supervisión no sólo tienen que ver con la falta de un padrón, sino también con la ausencia de claridad y homogeneidad en la normatividad en los estados.

Tal es el caso de Jalisco, en donde una regulación de más de un centenar de requisitos, así como la falta de recursos -tanto en las instituciones como en las autoridades- complica el cumplimiento de la norma por parte de los albergues que dan cobijo a casi 5,000 niños.

Fausto Velazco, gerente asistencial del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), explica se reguló de tal manera que muchos albergues se vieron de pronto en un incumplimiento de hasta 30 o 40 puntos. Y esto es todo un reto para las dependencias encargadas de vigilarlos, pues el objetivo es subsanar las carencias sin afectar el funcionamiento de los mismos, por lo que no se contemplan sanciones.

Así, el IJAS tiene registrados 73 albergues privados de asistencia social -de los cuales 14 están en construcción y tres han sido suspendidos- y Velazco afirma que todos se revisan por lo menos una vez al año.

Pero una solicitud de información muestra que 27 de estos albergues no fueron revisados ni el año pasado ni durante el actual, y en dos casos no se reporta la fecha de la última visita. De hecho, el reporte señala que uno de ellos no recibe a un funcionario desde 2008 y otro más desde 2009. Ambos albergues siguen en operación, según se pudo constatar.

Aún así, de 2009 a 2013, el IJAS otorgó apoyos a 11 instituciones por casi dos millones 600,000 pesos.

Por su parte, la Procuraduría Social del Estado de Jalisco tiene registrados 90 albergues infantiles. Dos terceras partes están fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara y en ellos viven 4,965 niños. Para revisarlos a todos, sólo cuentan con una decena de personas.

Entre las fallas más recurrentes se encuentra la falta de una formación educativa, poco personal y elementos de seguridad insuficientes.

En la capital de la República, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la ALDF, Dinorah Pizano, informó que actualmente se está haciendo una revisión de la estructura y normatividad que regula a la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, la cual debe inspeccionar a 404 instituciones, pero que en realidad no lo hace adecuadamente.

"Tampoco hay una oficina por parte del gobierno capitalino que regule y supervise a las asociaciones civiles con fines asistencialistas y a pesar de que se cuenta con dos importantes legislaciones locales como son una Ley de albergues (…) y otra Ley de cuidados alternativos".

Actualmente de las 119 instituciones que conforman el padrón oficial, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF DF) informó que sólo tiene convenio con 13 albergues privados, a los que ha canalizado a 188 pequeños y a los que destina 4.5 millones de pesos al año.

La dependencia asegura que junto a la Secretaría de Desarrollo Social, el IASIS, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal entre otras instancias, realizan de manera calendarizada acciones de supervisión desde 2009 a todos los sitios que conforman el censo oficial.

Durante las visitas de inspección, comenta Gamaliel Martínez, director del DIF, "hemos encontrado acciones donde se tienen que mejorar los procesos administrativos, algunas carencias vinculadas a la atención o la supervisión, hemos también detectado que el tema de apoyo psicológico o médico se debe reforzar".

Pero esta supervisión no abarca a las que no tienen convenio con el DIF.

En Veracruz, para asegurar el resguardo de los menores se creó en 2012 la Ley de Albergues 579 del Estado que garantiza, en el papel, su atención y cuidado integrales para su reinserción al seno familiar.

La Comisión de Protección Civil en el Congreso del Estado señaló que hay albergues en buenas condiciones, pero detectaron algunas fallas en otros sitios donde se les pidió a sus directores mejorar aspectos de seguridad, pero para ello requieren también la presencia de expertos en la materia conocidos como "terceros acreditados" y que cobran tarifas excesivas para avalar las evaluaciones en estos lugares, por lo que buscan establecer un tabulador de precios para homologar costos.

En Yucatán, el brazo supervisor del DIF es la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), que realiza visitas periódicas a los centros registrados para inspeccionar desde su situación jurídica, el estado de las instalaciones y el entorno en que se encuentra, hasta la situación de los niños, su alimentación y su salud física y psicológica.

También el DIF Mérida realiza visitas periódicas. De acuerdo con la directora, Gabriela González, la capacitación, en la mayoría de los casos deficiente, de quienes laboran en los albergues es uno de los mayores riesgos que corren los pequeños internos.

Y aunque asegura que no hay problemas con los albergues a los que el gobierno brinda apoyo, reconoce debilidad institucional en los temas de los centros privados de asistencia social que no están dados de alta y no hay personal para localizarlos, por lo cual no se les supervisa.

La falta de vigilancia y una legislación laxa permiten el lucro, la improvisación y, lo más grave, da pie a que se cometan abusos contra los internos de esos lugares, a los que además no se les exigen requisitos mínimos para constituirse y empezar a operar.

En resumen, "los gobiernos federal y locales, deben ser más estrictos con las casas de asistencia privadas", advierte María de la Mora, académica de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CIDE y considera que los acontecimientos registrados en Zamora, Michoacán, son motivo para hacer una revisión ardua de cómo trabajan las organizaciones sociales privadas.

 LOS RECURSOS, OTRO PROBLEMA

Con todo y la falta de regulación y supervisión adecuadas en el país, muchas instituciones trabajan de buena fe y la mayoría de las veces con recursos insuficientes, otro de los problemas en la atención a los menores. Dichos recursos provienen en parte del erario, que debe ser fiscalizado, y de donativos privados de fundaciones y empresas.

La Casa Hogar Abrázame de Torreón, Coahuila, acoge a una población de 20 pequeños. Los menores fueron canalizados por parte de la Procuraduría para Niños y Niñas y la Familia (Pronnif) debido a que dentro de su núcleo familiar se encontraban en situaciones de riesgo como la omisión de cuidados, la cercanía con las drogas y violencia sexual.

Como apoyo, la Casa Hogar recibe del ayuntamiento sólo 7 mil pesos al mes. La directora del lugar, Arlet Anett, explica que esta cantidad únicamente debe ser utilizada para la alimentación de los niños, los cuidados personales de cada uno y algunos detalles de la infraestructura del albergue. "Este no es un apoyo grande, nosotros sobrevivimos gracias a otras asociaciones de tipo civil (…) que son nuestros mayores benefactores", comenta.

Aunque las condiciones de este centro de atención infantil en general son buenas, presenta algunas paredes sin pintura y la fachada ha sido blanco del vandalismo. "Nos falta presupuesto, pero estamos buscando donadores de pintura", dice Anett. El lugar donde se ubica la Casa Hogar, es rentado. Por este motivo, señala que no se pueden levantar las bardas para la protección de los niños, sin embargo, dice que buscarán la manera de alcanzar el presupuesto para colocar una malla ciclónica.

Abrázame es uno de los 46 albergues que se tienen registrados en Coahuila. En ellos se resguarda a 962 niños y adolescentes. La Pronnif tiene la custodia de 354 pequeños.

El director del DIF Torreón, Guillermo Covarrubias, informa que la cifra que se entrega por mes a estas instituciones aumentó en un 22 por ciento este año, en relación con los casi 310 mil pesos mensuales de 2013.

Aunque el dinero nunca es suficiente, se debe fiscalizar el uso que se le da, situación que no todos los centros de atención cumplen. "Tenemos dos organismos que no han justificado a esta dependencia su gasto mensual, ya se levantó un acta de hechos. Esto sucede cada que incurren en tres mensualidades continuas o también cuando se cambian de domicilio", explica Covarrubias.

Otro ejemplo de las dificultades que enfrentan los albergues es el de la Fundación Fraternidad Sin Fronteras, que opera en Coyoacán, en el Distrito Federal, en donde son atendidos 24 niños. Según la directora, María del Carmen Madero, por cada albergado se requieren 11,000 pesos al mes.

"No es nada fácil cubrir los gastos, pero hemos logrado salir adelante con la ayuda que recibimos y tocando puertas para conseguir más recursos y solicitar descuentos en pagos que se hacen", explica.

El lugar se mantiene de donativos de diversos grupos y personas y forma parte de la Junta de Asistencia Privada quien junto a diferentes autoridades, entre ellas el DIF los supervisan cada mes.

"No es una tarea sencilla, pero tenemos bases bien fijas y el proyecto está bien definido, lo que nos permite cumplir con las metas que nos fijamos, no podemos recibir a un gran número de personas porque no podríamos atender como se requiere a todos, por ello tratamos de mantenernos con un número específico", no más de 100.

Lo mismo ocurre en Hogares de la Caridad, de Guadalajara, en donde 34 niños que reciben atención. No hay lugar para más, porque los recursos para vestido y alimentación, provenientes de donaciones e instancias oficiales, no alcanzan.

Alejandro Orozco, director del albergue, comenta que el pago de los servicios básicos, del personal y de algunos medicamentos son "una obra confiada a la divina providencia".

En el caso de Durango, la directora del DIF, Lucero González, reconoce que como gobierno no hay responsabilidad en el tema de recursos con estas instituciones, generalmente asociaciones civiles que por motu proprio gestionan sus recursos y en ocasiones se les hace llegar apoyo extraordinario como alimentario o atención en rehabilitación y médica.

No obstante, en cuanto a la vigilancia, dice que "hemos estado cercanos y esta semana se mandó un reporte a la Procuraduría General de la República (PGR) que fue solicitado, como seguramente se hizo con todos los DIF de los estados".

Pero la revisión iniciada por el gobierno de la República se antoja aún insuficiente.

Para María Guadalupe Mariscal Torroella, presidenta de la Junta de Asistencia Privada en el Estado de México, no sólo es necesario actualizar los censos de los infantes institucionalizados y de los albergues para tener un mejor control y vigilancia de éstos, sino que además los centros deben transformarse en Instituciones de Asistencia Privada (IAP) para que tengan mayor control y seriedad en su operación.

Las IAP están verificadas por las Juntas de Asistencia Privada, que deberían existir en cada estado, y así rendir cuentas a una Coordinación Nacional. Pero sólo 16 estados cuentan con ellas.

En conclusión, Alma Meneses, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redin), dice que el cuidado de niños y niñas en estos lugares ha sido el de la asistencia, pero no hay una atención individual y no existe una regulación uniforme en el país que diga cómo deben funcionar ni cómo deben ser supervisados.

(Con información deElFinanciero, El Informador, El Dictamen, El Presente, El Diario de Yucatán, El Siglo de Torreón y El Siglo de Durango)

‘Hijos’ de Mamá Rosa en Torreón

La Casa Hogar del DIF Torreón atiende a niños que han sido violentados en su esfera familiar. "No podemos aplicar violencia a niños que vienen de ser maltratados en sus familias, sin embargo, no les solapamos todo, ellos saben que existen lineamientos", dice Ana Karina Pérez-Vertti, jefa de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar.

Once guías se encargan del cuidado de los niños en su estancia, un chofer, personal de limpieza, dos cocineras, una enfermera, dos auxiliares administrativos, dos psicólogos y trabajadoras sociales, forman parte del acompañamiento de los menores.

El lugar, tiene dormitorios, mejor conocidos como "cabañas" que cuentan con sala, cocina, regaderas y baños para cada niño. También hay una cancha de usos múltiples, área de computación, huertas, lavandería y un espacio de recreación para que se practiquen diferentes disciplinas, como ballet.

Dentro de la Casa Hogar, a lo lejos, se observa a un grupo de pequeños que junto a su guía ven la televisión, parecen alegres. Dos más, que tienen aproximadamente unos 13 años juegan baloncesto con el personal.

A simple vista, todo indica que ya tienen tiempo resguardados en el albergue, pero no, ambos estaban internados en el albergue de Mamá Rosa. Después de jugar, los menores se trasladan a sus dormitorios para ver televisión. Sonrientes, responden al saludo: "Hola".

Pérez-Vertti califica como "detestable" lo sucedido en Zamora, Michoacán. "En su momento brindamos apoyo a seis muchachos que eran de aquí de Torreón, cuatro ya fueron regresados a sus familias y ahorita solamente tenemos a ellos dos", explica. (Angélica Sandoval)

Niños muy demandantes

"María" y "Paco" son hermanos. Ella tiene 13 años, él 14. Hace apenas un mes ingresaron a la Casa Hogar Abrázame. Son jovencitos introvertidos, hablan muy poco y aún no pueden salir a tomar cursos de verano a lugares públicos con los demás pequeños.

Esto se debe a que se encuentran en proceso de adaptación. "No los podemos a sacar hasta que la Procuraduría (Pronnif) nos dé la autorización", dice Arlet Anett, directora de la Casa.

Desde la sala del albergue, los dos hermanos cuentan que casi no les gusta ver televisión, dicen que reciben dulces por tener buen comportamiento. Paco asegura que, a su llegada, los trabajadores le dijeron que en el albergue iba a recibir un buen trato. "Nos tratan bien, no me gusta ver la tele, el juego de ajedrez me enseñó a ser serio", dice un poco nervioso.

En la Casa Hogar no existen los castigos, aquí se llaman "consecuencias". Si algún menor tiene mala conducta, después de la comida no hay postre. Además, tendrá que ayudar con los quehaceres del albergue.

Se maneja para ellos un horario de tareas y lectura de 3 a 5 de la tarde. La televisión solamente la pueden ver en tres horarios: de 10 a 11 de la mañana, de 5 a 6 de la tarde y en ocasiones de 7 a 8 de la noche, que es cuando tienen que ir a dormir.

María aún se muestra desconfiada, solamente dice que le gusta estar ahí. "Así es seria, pero a mi hermana le gusta dibujar", dice su hermano Paco con una sonrisa.

En el albergue viven 5 pequeñas y 14 varoncitos que tienen entre los 4 y los 14 años de edad. Una docena de personas colaboran para brindar atención a los menores en condición de orfandad y desintegración familiar. Cuatro se encargan de las cuestiones administrativas, los demás, son guías, psicólogos, puericultores, enfermeros y una trabajadora social.

Dos guías y uno de apoyo vigilan a los menores durante la noche, tres más lo hacen durante el fin de semana. Al terminar su jornada, deben de entregar una bitácora de conducta e incidentes. "Esto nos lo exige Protección Civil", asegura la directora.

Sobre la capacitación de los empleados, Anett explica que a través del Instituto de la Mujer se toman cursos de reeducación contra la violencia. Indicó también, que tanto ella como uno de los psicólogos del albergue facilitan cursos de inducción a su personal sobre cuál es el trato que deben dar a los pequeños.

"Son niños muy demandantes, que tienen conductas muy negativas y violentas, por eso buscamos que la capacitación sea rápida para no descuidarlos", detalla.

La capacitación para el personal tiene una duración de ocho horas, lo que corresponde a un turno de trabajo. Posteriormente, los colaboradores son monitoreados por la directora del albergue y por uno de los administradores por un período de dos semanas para verificar que la atención hacia los niños sea la correcta. Además reciben cursos de primeros auxilios por parte del departamento de Protección Civil. (Angélica Sandoval)

→ Albergues infantiles
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