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La polémica ley

No hagas cosas buenas…

ENRIQUE IRAZOQUI

Sigue en el centro de la polémica la reacción de un cierto sector del empresariado lagunero de Coahuila, respecto a la promulgación en mayo pasado de la Ley para la Declaración de Ausencia por la Desaparición de Personas.

El centro del debate es que esta ley, en la que el gobierno estatal arguye que es derivado del mandato federal por la Ley de Víctimas que obliga a los estados a legislar sobre el tema, y bajo ciertos supuestos, obliga a los empresarios a cubrir los salarios y prestaciones a los familiares de las personas que sean declaradas como desaparecidas bajo los preceptos de esta novedosa regulación.

Para intentar hacer una explicación al respecto, habría que contextualizar las circunstancias en las que fue emitida la misma, en la cual vale la pena recordar dos elementos: el primero de ellos es que nuevamente el tema de la violencia descarnada vivida desde 2007, produjo entre muchos otros casos, terribles daños, además del asesinato de miles de personas, la generación también de un gran grupo de seres humanos que simplemente desaparecieron, y por lo tanto, familias enteras que sufren constantemente la angustia y el dolor de no saber el paradero de sus desaparecidos.

Importante recordar que cuando los grupos criminales arrasaron muchas ciudades del país, donde por supuesto La Laguna sufrió en serio esas consecuencias, las instituciones más allá de la colusión en las que algunas se encontraban, ni remotamente se encontraban preparadas para enfrentar el problema que se vino de frente. Los estados de Coahuila y Durango por supuesto que se encontraban dentro de estas regiones asoladas por las nuevas y funestas circunstancias: en la capital de Durango las fosas con cientos de cadáveres fueron un macabro descubrimiento; por su parte en Coahuila, decenas de desaparecidos se han constituido como un elemento más de la terrible realidad que ha vivido el país.

Además de las circunstancias delincuenciales, se ha presentado una ola política internacional en la que los gobiernos han dado más espacio en sus respectivas legislaciones en cuanto a la protección de los derechos humanos. En el caso mexicano, la firma de tratados internacionales en este tema por el Estado Mexicano, fuerza casi casi como precepto constitucional, a que sea de observancia obligatoria, como lo indica la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese marco, el gobernador Rubén Moreira atendió el asunto incluso antes de que venciera el plazo que la ley le imponía, y obedeciendo al mandato legal y al problema que se vive en Coahuila de la situación de los desaparecidos, en los cuales muchos de ellos son representados por la Fuundec (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos) y que con derecho presionan al gobierno de Moreira a dar respuesta sobre el paradero de los desaparecidos en esta entidad federativa, el mandatario se despachó con la ley local que hoy genera polémica, aunque solamente bajo ciertas circunstancias, los empleadores se verían en la obligación de pagar salarios por una persona que simplemente se desconoce el sitio donde se encuentra.

Además que de suyo la traslación de esa responsabilidad en específico puede constituir una invasión legislativa en un marco que no le corresponde, como lo es el laboral, regulado por el 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, el solo hecho de quererle endilgar parte de la responsabilidad a los empleadores en un asunto que evidentemente se produce mayormente por un hecho de seguridad pública (en este caso, de tremenda inseguridad), obligación fundamental de cualquier estado, el gobernador Moreira muestra que su manera de gobernar no es precisamente proclive a la clase empresarial, porque pudo haber omitido o resolver de otra manera la responsabilidad de sufragar los salarios mientras se resuelve en definitiva la situación de una persona en el supuesto de desaparecer.

Por otro lado, las reacciones y las declaraciones de que se llevarán los domicilios fiscales a Gómez Palacio, Durango, para no ser regulados por la dichosa ley, es también tratar de asustar con el petate del muerto al gobierno coahuilense. Lo que se debe exigir es que el Congreso local adecue la normatividad en cuestión a estándares más justos, sin soslayar en absoluto que el asunto de los desaparecidos es muy serio, mientras tanto, continuar con la permanente y válida petición de que el gobierno sea capaz de generar atracción económica a La Laguna, para generar un real progreso.

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