La semana pasada El Siglo de Torreón dio a conocer el caso de Alberto, un joven originario de un pueblo fronterizo de Chiapas que, junto a personas provenientes de Centroamérica, emprendió el viaje en pos del llamado “sueño americano”. Al llegar a Coahuila, lo que encontró fue una pesadilla. Alberto y otras 26 personas fueron secuestradas en Piedras Negras por quienes les habían prometido cruzarlos a Estados Unidos. Tras 14 días de encierro y abusos, lograron escapar. En tren, Alberto pudo llegar hasta Torreón, en donde compartió su historia y recibió el apoyo de organizaciones civiles dedicadas a ayudar a migrantes. El fin de semana, Alberto logró emprender el viaje de regreso a casa. Pero después de lo que sufrió, ya no será el mismo. Su salud física y mental se encuentran vulnerables, por lo que tendrá que recibir tratamiento permanente. Como el de Alberto, hay miles de casos, de mexicanos y, sobre todo, de centroamericanos.
De acuerdo a los testimonios publicados por la prensa a lo largo y ancho de la República, los atentados contra la población en tránsito van desde la extorsión hasta el asesinato, pasando por el robo, el secuestro, la violación y la tortura. Y rara vez hay justicia para ellos. A lo anterior hay que sumar que los centros de atención a estas personas son insuficientes, por lo que además de las vejaciones, quienes logran sobrevivir lo hacen con una salud mermada, en condiciones de deshidratación y desnutrición, como en el caso de Alberto. Por esto, los migrantes han sido llamados ciudadanos de tercera.
Es común escuchar todavía la pregunta de por qué estas personas deciden abandonar su hogar, su tierra, y arriesgar su vida para llegar a un país, Estados Unidos, que, aunque necesite su mano de obra, no les quiere y les niega sus derechos humanos más fundamentales, tal y como ocurre en el país, México, que deben atravesar, como si de un infierno se tratase. La respuesta sigue siendo la misma desde las primeras migraciones de la civilización: huyen de la miseria y la inseguridad de sus regiones en busca de un mejor presente y una esperanza de futuro.
Coahuila es uno de los estados de la República con mayor paso de migrantes. De la misma manera que decenas de miles de mexicanos y centroamericanos, entre ellos menores de edad, atraviesan cada año la entidad con el objetivo de cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos, alrededor de 100 mil son deportados al año a través de las ciudades fronterizas de Acuña y Piedras Negras. Por los números y la realidad que sufren los migrantes en su trayecto, el problema adquiere dimensiones de crisis humanitaria.
Hasta hoy, en Coahuila como en el resto de los estados de la República, poco o nada se ha hecho para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Además de la impunidad cuando se cometen delitos contra ellos, muchos de los abusos son cometidos por policías estatales o municipales. La tragedia de San Fernando en Tamaulipas es una clara muestra de la vulnerabilidad de los migrantes y la ausencia de justicia.
Si bien la solución de fondo a la crisis migratoria que se vive actualmente, más que por muros y soldados, pasa por el desarrollo y la seguridad de las principales regiones expulsoras, para que estos mexicanos y centroamericanos no tengan que abandonar sus lugares de origen, no se puede soslayar que mientras eso se consigue, las autoridades coahuilenses y mexicanas en general deben trabajar para evitar que los abusos se repitan contra estos grupos de población. Porque es menester recordar que los derechos humanos son universales y hace más de medio siglo que su aplicación es obligación moral de todas las naciones.
