La excesiva demostración de fuerza y la ostentación frente a los medios masivos de comunicación en el "rescate" de los menores que vivían en el albergue infantil "La Gran Familia", es una clara y evidente expresión de la debilidad del Estado mexicano, que precisamente para ocultarla recurre a las exhibiciones magnificadas para simular una fuerza de la cual carece.
Pero en este caso "el tiro le salió por la culata" porque la titular del albergue gozaba de una amplia red de relaciones que, antes de que concluyera el operativo mismo, ya habían manifestado su indignación y exigido un trato justo para quien había dedicado toda su vida al cuidado y formación de niños sin hogar.
El martes 15 de julio un convoy conformado por efectivos del ejército, la policía federal y agentes del Ministerio Público ingresó con lujo de fuerza al albergue infantil, para supuestamente rescatar a 458 menores de edad que eran víctimas de los peores delitos, entre los que incluían secuestro, abusos sexuales y extracción de órganos, se llegó a decir que se revisaban los dos patios del inmueble en busca de inhumaciones clandestinas. Esto era precisamente lo que justificaba el despliegue exagerado de fuerza.
Inmediatamente después, las mismas autoridades, empezaron a divulgar fotografías y videos de los interiores del albergue, que efectivamente confirmaban las condiciones infrahumanas en las que vivían los internados en el lugar, así como informar sobre denuncias de secuestro de menores y otros delitos interpuestos, al menos, desde el 2010, aunque hubo versiones que había desde la última década del siglo pasado.
En contrapartida, los defensores de Rosa Verduzco, entre los que se encontraban el ex presidente Vicente Fox y su esposa, varios ex gobernadores de Michoacán, Enrique Krauze, Elena Poniatowska, Lydia Cacho y un grupo de intelectuales que firmó una carta pública con alegatos a su favor y, particularmente, condenando el "juicio mediático" que condenaba, sin mayores investigaciones ni posibilidades de defensa, a la directora del albergue.
El tiempo fue el mejor aliado de "Mamá Rosa", finalmente la Procuraduría General de la República tuvo que declararla inimputable, supuestamente por su avanzada edad y su estado físico y psicológicos, sin embargo, el hecho de que también hayan tenido que liberar a dos profesoras que habían sido detenidas originalmente porque no encontraron responsabilidad alguna qué atribuirles, deja en entredicho las acusaciones iniciales en contra de la directora. Efectivamente consignaron a 6 de los nueve detenidos, acusados de abuso sexual, malos tratos y privación de la libertad.
La realidad es que las condiciones en las que vivían en el albergue eran deplorables e infrahumanas, seguramente había muchos abusos y se podrían fincar responsabilidades, pero no se llegaba a los extremos de tráfico de órganos ni se requería un despliegue de fuerza como el que se realizó, para haber auxiliado a esos menores, que sí requerían del auxilio del Estado: bastaba con que éste cumpliera con sus responsabilidades.
Y lo peor el operativo federal deja al descubierto la realidad en la que viven el millón 600 mil niños huérfanos que viven en el país, de acuerdo a un estudio del DIF realizado en el 2007, que indicaba que de estos 703 mil vivían en albergues, de los cuales únicamente 29 mil estaban en albergues públicos. En el 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) encontró que había 657 mil huérfanos en 753 casas hogar, lo cual de ser cierto implicaba que en cada casa hogar había un promedio de más de 800 menores, cifra que ya de por sí es aterradora.
La primera evidencia de la debilidad del Estado mexicano, al menos en este ámbito, es que ni siquiera se tienen cifras confiables y actualizadas del número total de huérfanos que viven en albergues; de cuántos albergues existen y de éstos cuántos son públicos y cuántos privados. Obviamente ya sería demasiado pedir que hubiera protocolos de las condiciones en que deben vivir y los requisitos que deben cumplir para operar; mucho menos revisiones de los mismos.
Esto lo reconoció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el pasado lunes 21 de julio, cuando dijo que se realizaría (en colaboración con autoridades estatales y municipales) una revisión de todos los albergues que existen en el país. Durante la conferencia de prensa, precisó que esto se haría de acuerdo a las capacidades de las distintas instancias involucradas, por lo cual no hay ni plan ni calendario para hacerlo, casi se puede decir que es la expresión de un buen deseo.
El despliegue también trajo a la memoria lo sucedido en el albergue Casitas del Sur, en la Ciudad de México, que se detonó en el 2008 cuando una abuela logró la custodia legal de su nieta y al ir a buscarla se descubrió que había desaparecido, junto con otros 26 menores. O lo sucedido en los ochentas en la Ciudad de los Niños en Monterrey, Nuevo León, donde también se encontraron evidencias de abusos.
La realidad es que en México los niños que carecen de un hogar establecido no gozan de ninguna protección y el Estado mexicano jamás se ha preocupado por ellos. El hecho de que una persona de 82 años fuera la directora de un albergue, donde vivían 458 menores, es una evidencia irrefutable de la debilidad del Estado mexicano y su incapacidad para garantizar los derechos de los niños, como sucede en general con todos los derechos fundamentales.
