Todos nos quejamos de los baches. En todo México, en todas las ciudades, tenemos calles y autopistas mal mantenidas, llenas de pozos que se convierten en albercas en cuanto llueve un poco. Todos culpamos al alcalde y al gobernador, quienes acaso responden tapando un bache aquí, recarpeteando una calle por allá, y remozando una que otra autopista acullá. Igualmente, todos nos quejamos del precio de la gasolina. En todo México, en todas las ciudades, no hay bandera política capaz de despertar más simpatía que una queja contra el "gasolinazo." A todos se nos olvida que el precio de la gasolina en México es menor que su valor de mercado, y que los "gasolinazos" no son realmente incrementos al costo, sino reducciones al subsidio. Ninguna lógica importa. Así como todo candidato de oposición aprende pronto que la vía más veloz para ganar popularidad es condenar de forma irrestricta los "gasolinazos" autorizados por quien gobierna, todo ganador de una elección termina por comprender que el subsidio a la gasolina es regresivo e ineficiente, y que ese tipo de críticas viene con la chamba.
Los mexicanos odiamos los baches y sufrimos intensamente los "gasolinazos." Lo sorprendente es que no reparamos ni un minuto en que ambos temas están profundamente relacionados. No son pocos los países que etiquetan sus impuestos a la gasolina para financiar sus inversiones en infraestructura vial, permitiendo a sus gobiernos locales variar la tasa de estos impuestos para reflejar sus prioridades en el tema. En los Estados Unidos, el gobierno federal subsidia proyectos locales de remozamiento de puentes, mantenimiento de autopistas, bacheo de las calles, etcétera, echando mano a un fondo que se nutre de los centavos que pagan los automovilistas por encima del costo de producción y distribución de la gasolina. De hecho, este mecanismo fue precisamente el que permitió a nuestro vecino construir en las décadas de los sesenta y setenta, el sistema de autopistas interurbanas más extenso del mundo sin nunca tener que recurrir al endeudamiento o a la tarificación de vías. Algo similar sucedió entre 1990 y 2005 en Corea del Sur, donde un impuesto de 25.5% a la gasolina permitió extender 59% la red ferroviaria, incrementar en 51% la capacidad de sus aeropuertos y cuadriplicar la malla vial de todo el país asiático.
Tanto la infraestructura vial como las soluciones de transporte masivo tienden a financiarse, al menos parcialmente, con impuestos asociados al consumo de transporte en la misma ciudad. Lo anterior no es solamente justo, sino también fácil de comunicar. La gente odia los baches porque siente -con razón- que sus impuestos deberían bastar para garantizar calles de calidad. Igualmente, la gente odia los "gasolinazos" porque no logra entender a dónde diablos se va el dinero que paga al gobierno. No tiene por qué ser así. De hecho, fue un "sobrecobro" local a la gasolina lo que permitió a la Ciudad de Bogotá financiar su multicitado Sistema Transmilenio. Y fueron los cargos por congestión -un cobro por el uso de las calles- lo que ha permitido recientemente a ciudades como Oslo, Estocolmo y Londres ampliar significativamente su infraestructura vial y renovar sus flotillas de transporte público. La ciudadanía no es tonta, y entiende argumentos. ¿O cómo entender el caso de Los Ángeles, cuyo alcalde logró en 2008 que la gente votara a favor de un importante incremento de impuestos locales que permitirán construir en sólo diez años un plan de ampliaciones al metro originalmente previstas para ser completadas en 30?
Sobra decir que aquel gobernante que no tiene capacidad financiera para atacar problemas menores no puede perder el tiempo en promover grandes proyectos. Quizá por ello no es tan paradójico observar cómo en México son los mismos alcaldes y gobernadores que no tienen recursos para tapar baches quienes se manifiestan en contra de los "gasolinazos" y quienes promueven la eliminación de la tenencia. Lo que en otro país sería un verdadero harakiri, en México es lógica política elemental. El sistema mexicano está estructurado de tal forma que nuestros gobernantes han llegado a una conclusión bastante racional: Hay que hacer lo que se pueda con el recurso que nos toque. Lamentablemente, la batidora presupuestal mexicana pone tanta distancia entre lo que paga el ciudadano y lo que gasta el gobernante, que los "gasolinazos" y los baches parecen existir en universos paralelos, a pesar de estar profundamente relacionados. Los alcaldes no hacen su trabajo porque no tienen recursos, y los ciudadanos no queremos pagar impuestos porque los alcaldes no hacen su trabajo. Así las cosas, no es casualidad que los gobernantes de nuestras ciudades puedan conformarse con hacer poquito, mientras tantos ciudadanos quedan inconformes con su gobierno.
