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Verdades y Rumores

EL AGENTE 007

Tal parece que mucha chamba tendrán -ahora sí- los delegados federales en los estados de cara a la elección de 2015, de acuerdo a cierto documento interno del PRI que fue filtrado en estos días. Según el documento, que tiene el rimbombante nombre de Informe Prospectivo 2o14-2015 y que no es otra cosa que un manual de cómo ganar comicios colgándose del erario, la responsabilidad del triunfo en la elección para la renovación del Pancracio Nacional -entiéndase Congreso de la Unión- y otros centros de esparcimiento estatales, recaerá en los delegados. El citado manual dice, sin empacho alguno, que la primera tarea es construir un presupuesto federal 2015 con un enfoque predominantemente electoral.

Con esto, el tricolor demuestra que cada vez le importa menos lo que diga la Opinión Pública respecto a sus prácticas ya que se siente cada vez más cómodo con la oposición, si es que se le puede seguir llamando de esa manera. El asunto es que una vez conseguido ese presupuesto, quienes se encargarán de aplicarlo serán los delegados, con lo cual el papel de los gobernadores priistas pasaría a segundo término, al menos en apariencia. Para tal efecto resulta fácil adivinar que las delegaciones que funcionarán como operadoras electorales, por los recursos que manejan y los programas que aplican, serán las de Desarrollo Social, del Trabajo, Sagarpa y SCT, principalmente. En el caso de Coahuila, dichas oficinas están en manos de Emilio Andrés Mendoza Kaplan, experimentado operador que ha trabajado en Oaxaca y Coahuila; Heriberto Fuentes Canales, exsecretario de gobierno de Moreira; Mario Eulalio Gutiérrez Talamás, exalcalde de Saltillo, y Héctor Franco López, exsecretario de Medio Ambiente y exdirector del DIF, también del moreirismo, con lo que se deduce que, al menos en esta provincia, los tentáculos del gobierno del estado estarán presentes en estos enjuagues. Quienes deben estar muy nerviosos son los empleados de dichas delegaciones que sobrevivieron a la caída del panismo a nivel federal, ya que en el informe se establece como requisito para llevar a cabo los maquiavélicos planes que las oficinas sean depuradas de todos los resabios del calderonato, los cuales representan para el PRI un obstáculo para hacer y deshacer con el presupuesto. Así que lo mejor para esos empleados que se pusieron sobre la camisa azul la playera tricolor es que empiecen a buscar chamba en otro lado.

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Varias incógnitas se ciernen sobre la antigua provincia de la Nueva Extremadura en estos días: ¿quién gobierna Coahuila? ¿Quién responde a las interrogantes de los súbditos? ¿Dónde quedó el ímpetu inagotable que mostró el gobernador Rubén Moreira en los meses previos a la elección? Y es que luego del proceso pasado en el que el PRI se llevó el carro completo y borró del mapa a lo que quedada de la oposición, todo indica que la consigna en el Palacio Rosa es: “una vez cumplida la misión, a descansar se ha dicho”. Y es que nuestros subagentes disfrazados de macetas nos informan que aunque no se ha comunicado de manera formal, medio gabinete estatal está gozando de unos días de vacaciones (se entiende que vacaciones “oficiales”), lo cual no es cuestionable en sí, puesto que están contempladas en la ley. El problema es que en las últimas semanas los pendientes se han ido acumulando y no hay quien responda con claridad. Por ejemplo, es fecha que nadie del gobierno de Coahuila ha dado la cara para explicar qué pasó con el tan presumido “Bacheador y su amigo el Chapopote”, programa de recarpeteo que, al menos en Torreón, ya dejó varias obras tiradas y con muy mala calidad en los trabajos. Tampoco del Palacio Rosa ha salido postura alguna respecto a los punzantes señalamientos que organizaciones ambientalistas han lanzado contra el famoso fracking, método con el cual se pretende chupar del suelo coahuilense el preciado gas natural de lutitas. A propósito de esto, se sigue a la espera de la “fórmula secreta” que anunció el gobierno de Moreira para disminuir el impacto ecológico que causará la supuesta bonanza que traerá la explotación del hidrocarburo. Y ya ni hablar de los avances en las investigaciones de la matanza de Allende, o de todas las promesas que hizo el gobernador en sus constantes visitas a La Laguna, o de su postura en relación con la crisis de los niños migrantes que pasan por la provincia o son deportados a través de ella, asunto que está en vías de convertirse en una crisis diplomática con el Tío Sam. En fin, sentémonos como siempre a esperar en la banqueta a que se enciendan las luces en el despacho. Ojalá y no sea hasta que se acerquen las próximas elecciones.

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Los que están que no los calienta ni el sol de este ardiente verano son los encargados de las Oficinas de Convenciones y Visitantes de la entidad, quienes ya anunciaron que van a parar sus labores de promoción turística ante la falta de respuesta del gobierno de Coahuila en torno al convenio de entrega de una parte del dinero que se recauda por impuestos de hospedaje, que se siguen cobrando -eso sí- puntualmente. Nuestros subagentes disfrazados de folletos manchados de café nos informan que en la oficina que encabeza Gabriel Cornú Máynez el enojo es tal que han comenzado a cuestionarse para qué tanto viaje a Asia, Europa y Estados Unidos si no hay un solo proyecto real que detone el turismo en el estado. Los más aficionados al deporte de las suspicacias se preguntan si el dinero que se gastan en esas giras, y que aún no han transparentado, no forma parte de la bolsa que debería servir para apoyar las OCV. O a lo mejor hay una pequeña confusión y como se trata de un recurso destinado al turismo, en el Palacio Rosa se confundieron y creen que es para promover el turismo de los funcionarios. Quizá le sirva de consuelo a la gente de don Gabriel saber que no son los únicos a los que les debe el gobierno provincial. Cabe recordar que desde hace cuatro años el ejecutivo estatal no les ha pagado a proveedores y constructores que firmaron contratos con la administración del Profe Moreira, y que algunos de ellos se las han visto negras por la falta de liquidez. Por cierto, recientemente se acaba de dar a conocer que Coahuila está dentro del top 4 de las entidades que más adeudan a proveedores de bienes y servicios en toda la República. Así que los maldicientes recomiendan a los encargados de las Oficinas de Convenciones y Visitantes que prendan sus veladoras y recen por ocupar un buen lugar en la larga lista de acreedores.

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Por si faltaba algún ingrediente de duda respecto a la concesión de alumbrado público, que el ayuntamiento de Torreón otorgó con un “bono extra” de 450 millones de pesillos a la empresa Construlita, las garantías que ofrece la empresa resultan irrisorias a los ojos de los conocedores de la cosa pública. Y es que no nada más es el hecho de que mientras en la pasada administración se registraron daños por 25 millones de pesos al año por robo, vandalismo o accidentes, la concesionaria sólo garantizará la reposición hasta por un millón de pesos anuales. Si se toman como base los propios datos que el tesorero Enrique Mota aportó para defender fervientemente el costo del proyecto, la empresa estaría obligada sólo a reponer 125 luminarias al año, de las casi 60 mil que pretende instalar, sin contar cable, transformadores, postes, balastras y hasta subestaciones que han sido blanco de malandros y conductores ebrios. O sea que el margen de daño o desperfecto que contempla Construlita es de un asombroso 0.2 por ciento. De ser cierto tan alto nivel de eficiencia, bien valdría la pena que le pasaran la receta a las compañías más importantes del mundo. Pero adivine quién pagará los daños en el caso de que estos excedan el monto de la garantía... pues el ayuntamiento, es decir, usted responsable contribuyente. A menos de que la concesionaria sea tan trucha como tanto se presume y que la vigilancia de la Policía Municipal y del departamento de Tránsito se vuelva tan diestra como la delantera de la campeonísima selección alemana.

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La transparencia y la cortesía nomás no son cualidades de la Vicefiscalía de Justicia de La Laguna de Durango, a pesar de haber sido duramente cuestionada por el respetable por las pifias cometidas en el caso del violador serial que sembraba el terror en Gómez Palacio y Lerdo y que terminó siendo detenido en Torreón. Una de las principales características de la oficina que dirige Gerardo Salazar es la restricción del acceso a la prensa y la nula información que proporcionan las mesas del Ministerio Público. Los agentes dicen que “no están autorizados” a dar a conocer los casos que son de interés público. Una de las mesas es la de delitos sexuales, en la que se tiene el reporte de la detención de dos presuntos violadores. Y aunque existe el número de expediente, los encargados aseguran que no hay datos y hasta ahora se desconoce con cuántas fechorías están vinculados. La única información que fluye es la relacionada con farderos y ladronzuelos de poca monta, mientras el vicefiscal despacha en una especie de búnker hitleriano, ya que nunca está dispuesto a comparecer ante la prensa. Y la fiscal Sonia Yadira de la Garza parece no darse cuenta del problema o si algo sabe, pues se desentiende muy bien volteando hacia otro lado y entonando con silbidos una linda melodía.

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