Arizona y otros estados que aplican la pena de muerte se oponen a identificar a sus proveedores. (Archivo)
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos autorizó al estado de Arizona omitir el nombre del fabricante de los compuestos de la inyección letal usada para la pena de muerte, y rechazó la apelación de un reo que exigía conocerlos.
El dictamen es similar a otros fallos de la Suprema Corte, que hasta ahora no ha suspendido ninguna ejecución por la negativa de las autoridades estatales a identificar a sus proveedores de la inyección letal.
El fallo respondió a una apelación interpuesta por los abogados de Joseph Rudolph Wood, condenado por el asesinato a balazos de su exnovia y del padre de ésta en 1989, cuya ejecución está programada para este miércoles.
La decisión anuló un fallo de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco, que había considerado, bajo la Primera Enmienda, que Arizona debía informar a Wood cómo desarrolló su método para la inyección letal y quién fabrica sus compuestos.
Sin embargo, el procurador general de Arizona, Tom Horne, pidió al máximo tribunal del país revertir esa decisión y desestimó que Wood tuviera ese derecho bajo la Primera Enmienda.
Arizona y otros estados que aplican la pena de muerte se oponen a identificar a sus proveedores, con el argumento de protegerlos de eventuales acciones violentas de opositores a la pena de muerte.
El tema se agudizó por la escasez de compuestos utilizados en la inyección letal, ante la cual varios estados buscaron nuevos proveedores y el uso de fármacos o métodos alternativos.
Varias compañías farmacéuticas con sede en Europa, donde se tiene una larga tradición de oposición a la pena de muerte, dejaron de vender sus compuestos a los sistemas penitenciarios estadunidenses.
Arizona y otros estados han recurrido a farmacias de compuestos, que fabrican fármacos personalizados bajo pedido, o adoptado mezclas no probadas, para ejecutar a los condenados.
