Han transcurrido casi siete meses de la administración municipal de Miguel Riquelme y persiste el "atorón" en la entrega de 106 nuevas colonias por parte de empresas constructoras que se resisten a cumplir con la ley.
Al respecto, Gabriel Calvillo, director de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, dijo ayer: "estamos en proceso de eso, pero la realidad es que no hemos logrado la entrega ni parcial ni total de esos sectores habitacionales a los cuales el Municipio les brinda los servicios públicos básicos y cobra además Impuesto Predial".
El presidente de la comisión de Obras Públicas y Urbanismo del Cabildo, el regidor del PRI (oficial) Mario Valdés, dijo que este año deben hacerse cambios a la Ley de Fraccionamientos de Coahuila con el fin de que haya mayor severidad en la aplicación de sanciones a las constructoras.
"Deben instalar servicios de calidad y debe existir también un plazo perentorio para que entreguen las viviendas, con sus servicios, o de lo contrario enfrentarán multas", comentó.
La semana pasada el alcalde Riquelme declaró que habría "mano dura" contra las constructoras fraudulentas y que se obligaría a los fraccionadores a cumplir tanto con los que les compran viviendas como con el procedimiento de entrega de sus obras.
No obstante, la regidora del PAN (oposición) Ángela Campos, quien forma parte de la citada comisión, dijo que "lo que se necesita es mayor control vía inspección de esas empresas golondrinas. Es necesario ya que los constructores dejen de estar tan protegidos por las autoridades".
