Huixquilucan, Estado de México: En un retén, la policía estatal detiene vehículos sin mucha ciencia, por sospechas surgidas en la víscera ¿El propósito? Ninguno muy aparente. O tal vez alguno genérico, algo así como "sellar la zona ante el posible movimiento de delincuentes".
Alguna calle de alguna colonia del Distrito Federal: Una cámara vigila desde un poste. O varias, tal vez. Hay algo más de 8 mil distribuidas por toda la capital, observando, monitoreando, grabando, dotando a las televisoras de material para los noticieros ¿Pero sirven? ¿Disuaden la actividad delictiva? ¿Facilitan la investigación criminal? Lo ignoramos.
Y lo ignoramos porque la seguridad pública es el reino de la ocurrencia. Un espacio libre de las majaderías de la evidencia ¿Por qué instalar cámaras? Porque se supone que funcionan. Porque el estado vecino ya las puso. Porque hay que hacer algo y esto es algo.
Lo mismo vale para la colocación de retenes o la compra de patrullas o la contratación de más policías. La seguridad pública está donde se encontraba la política social hace una generación: Sin mayor idea de qué sirve y qué no, con poca información cuantitativa, sin protocolos de evaluación sistemática. Nuestras instituciones de seguridad no ven y no aprenden: ciegas y obtusas al mismo tiempo.
Algunas cosas van cambiando, sin embargo. Gracias al esfuerzo del INEGI, tenemos hoy mucha más información de la que teníamos hace una década sobre seguridad y justicia. México cuenta con encuestas de victimización y censos de gobierno, con datos básicos sobre la operación de las instituciones, con coordenadas que, aunque obvias, eran desconocidas hasta hace muy poco.
Pero todo ese caudal de información no se ha transformado en evidencia. No en la mayoría de las policías y las procuradurías. Allí las decisiones operativas, presupuestales o administrativas se toman con poca ciencia y mucho instinto, así se tengan datos a la mano para mejor guiar los procesos.
¿Y eso importa? Sin duda: en ausencia de evidencia, hay despilfarro, oportunidades perdidas, duplicidades, cámaras inútiles, retenes ineficaces, criminales impunes y víctimas de más.
¿Qué hacer entonces? Varias cosas: por ejemplo, establecer unidades de planeación estratégica en las corporaciones policiales y dotarlas de funciones de evaluación interna (se puede consultar aquí un manual de mejores prácticas internacionales en la materia: http://bit.ly/1iaAuob).
Otra: encomendar al CONEVAL la evaluación de las políticas de seguridad y justicia, como extensión de su mandato en materia de política social. Tal vez crear una institución especializada en la materia, siguiendo el modelo del National Institute of Justice en Estados Unidos (http://www.nij.gov/Pages/welcome.aspx). Y también, lo discutido aquí hace unas semanas, poner en manos del público información de incidencia delictiva a nivel calle, a manera de descentralizar la evaluación de la policía y la procuración de justicia.
Se pueden hacer esas y otras cosas, pero el paso esencial es adquirir la voluntad de evaluar. Y esa no va a llegar por arte de magia, por concesión graciosa, sin presión social. Hay que exigir a las autoridades no que hagan algo, sino que hagan algo que sirva, algo con evidencia sistemática de eficacia. No pedir sin más cámaras o retenes o patrullas, sino pruebas y resultados, método y ciencia en la toma de decisiones.
De otra forma, nos quedaremos con lo mismo, con el teatro de la seguridad y no con la seguridad que exigimos y merecemos.
(Director de Política de Seguridad, IMCO@)
Twitter: @ahope71
