El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México ordenó la inmediata liberación de siete indígenas mazahuas al dictar sentencias absolutorias con base en la figura jurídica denominada duda absolutoria.
Los indígenas eran acusados de la comisión de los delitos de posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y para armas de fuego en cantidades mayores a las permitidas; portación de arma de fuego sin licencia; portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas; y contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.
De acuerdo al parte informativo de los agentes de la policía federal, los acusados fueron detenidos en la autopista Valle de Bravo-Toluca, a la altura del poblado San Antonio de la Laguna, municipio de Donato de Guerra, Estado de México, en respuesta a una denuncia anónima que advertía que dichas personas presuntamente portaban armas y droga. Posteriormente fueron detenidos e ingresados a los Centros Federales de Readaptación Social de Nayarit y de Villa Aldama, en Veracruz.
No obstante, el Consejo de la Judicatura Federal informó que con base en la causa penal 25/2010, el Juzgado Cuarto hizo un análisis pormenorizado de los autos que integran la referida causa penal y de la cual la autoridad jurisdiccional determinó que no eran concluyentes para demostrar su plena responsabilidad.
Es decir, el Ministerio Público de la Federación no aportó mayores pruebas para robustecer la acusación y por su parte la defensa de los detenidos aportó diversas pruebas, entre ellas una treintena de testigos vecinos de la comunidad de San Antonio de la Laguna, municipio de Donato Guerra, en el Estado de México, pertenecientes también a la etnia indígena mazahua, que declararon que los acusados fueron sacados de sus domicilios y que realizaron diversos destrozos en las viviendas, así como diversas fotografías de los daños causados a las viviendas con motivo de la detención.
Así, del análisis del material probatorio que obra en la causa, aportado por las partes, tanto en averiguación previa como durante la instrucción, la autoridad jurisdiccional consideró que existían medios de convicción que incriminaban, y otros que favorecían a los acusados.
Esta situación condujo al Juzgado a dudar razonablemente respecto de los hechos atribuidos y la participación plena de los acusados, al no estar plenamente acreditado que los acusados hayan intervenido en la comisión de los delitos que se les imputan, en las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se les acusó en definitiva, con lo cual estimó actualizada la figura jurídica denominada duda absolutoria.
