Los estados solapan la impunidad de sus funcionarios al exculparlos, con un sinnúmero de razones, de los castigos que promueve la Auditoría Superior de la Federación.
Nueve de cada 10 expedientes que la ASF envió a las contralorías estatales para aplicar sanciones administrativas contra funcionarios quedaron en la impunidad.
En un extenso reporte de 2 mil 591 páginas, la Auditoría detalla caso por caso las respuestas que dan los estados a las promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para quienes cometen irregularidades en el manejo de fondos federales, o sea el dinero de los mexicanos.
Con corte al 31 de marzo, los expedientes que tienen "resolución definitiva" por parte de las contralorías locales suman 750, los cuales corresponden a observaciones a las cuentas públicas de 2008 a 2011.
De esos casos, en 678 los estados determinaron que no había castigo que aplicar por diferentes razones.
Argumentaron entre otras razones: Evidencias insuficientes, que no se encontraron anomalías, que era improcedente la petición de la Auditoría y que, aunque sí había irregularidades, ya había prescrito el plazo legal para sancionar.
