La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, violó los derechos de la menor "Margarita" que se convirtió en madre a los 11 años de edad, tras ser violada por su padre, y los de sus seis hermanas menores también abusadas, además de los de una mujer que murió a manos de su esposo después de que el fiscal desatendió su denuncia.
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) acreditó la insuficiente protección de la fiscalía a las víctimas y por omisiones impidió la efectiva garantía y disfrute de los derechos humanos en las resoluciones de los expedientes 238/13-A y el expediente 275/13-A, por lo que en conjunto emitió doce recomendaciones al Procurador de Justicia y una al alcalde de esta capital, Fernando Gutiérrez.
En agosto pasado, EL UNIVERSAL publicó que el alumbramiento de "Margarita" destapó un caso de abuso sexual múltiple en agravio de nueve mujeres, siete de ellas niñas, presuntamente por el padrastro de una de ellas, que un año antes había denunciado el Instituto de la Mujer Guanajuatense ante la Procuraduría de Justicia del Estado, a quienes tenía encerradas y presuntamente eran hijas de dos mujeres con las que vivía y también sufrían violencia sexual y física.
El pasado 3 de agosto "Margarita" se convirtió en madre de un niño en el Hospital Regional de Guanajuato, como consecuencia de la violación que presuntamente sufrió de su padrastro, identificado como “El Gordo”, de 38 años de edad, en una casa ubicada en el callejón de Tamazuca de esta capital.
A partir de la publicación del caso en EL UNIVERSAL, la PDHEG inició de oficio el expediente de queja número 238/13-A, que ratificó una familiar de las víctimas y precisó la falta de diligencia de las autoridades implicadas en las investigaciones derivadas de la violencia sufrida por los menores (primas y hermanas, de 6, 7, 8, 9, 10 y 11 años de edad) en el domicilio que habitaban con su mamá en la ciudad de Guanajuato.
"De las investigaciones se desprenden casos de abuso sexual por parte de un familiar, así como diversas omisiones del personal de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato y del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral de la Violencia del Municipio de Guanajuato en torno a los hechos denunciados ante ellas. En este sentido, la PDHEG acreditó la violación a los derechos del niño, en la modalidad de Insuficiente Protección del Menor en agravio de los menores de edad", resolvió la Derechos Humanos.
Félix Rangel Márquez, "El Gordo", está preso en el penal de Puentecillas, sujeto a proceso penal por los delitos de corrupción de menores, violación y bigamia en agravio de sus hijas menores de edad, hermanas y primas entre sí, y de sus parejas sentimentales, dentro de la causa penal 1P1413-171 seguida ante el Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región del Estado.
En la resolución, la oficina del ombudsman estatal, Gustavo Rodríguez Junquera, recomendó a Carlos Zamarripa iniciar el procedimiento disciplinario a los agentes del Ministerio Público Claudia Lisbet González Cano y Blanca Raquel Ramírez Tapia, en cuanto a los hechos imputados por la queja que se hicieron consistir en violación a los derechos del niño, en la modalidad de Insuficiente Protección del Menor, en agravio de los niños.
Así mismo en contra de los licenciados Juan Carlos Santa Cruz Oros, subdirector de Investigación y litigación oral; José de Jesús Huerta Macías, director de Investigaciones y Miguel Ángel Rangel Zendejas, otrora Subprocurador de Justicia de la Región "D.
La PDHEG sugirió al Procurador de Justicia que dé seguimiento hasta su conclusión a la causa penal 1P1413 y que instrumente cursos de capacitación y actualización sobre derechos humanos, y en particular de los derechos del niño, dirigidos a los agentes del Ministerio Público y personal investigador y de atención a los ofendidos y víctimas.
Pidió además que implemente medidas que permitan fortalecer el seguimiento de las denuncias presentadas ante esa dependencia, y evitar situaciones como el caso del Callejón de Tamazuca.
Al alcalde de esta capital, le recomendó realizar un procedimiento disciplinario en contra de Marina Hurtado Ayala, directora del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral de la Violencia del Municipio de Guanajuato (CEMAIV), en cuanto a los hechos imputados por Juana González Cabrera, una de las víctimas de "El Gordo", y que se hicieron consistir en violación a los derechos del niño, en la modalidad de insuficiente protección de la menor del callejón de Tamazuca.
En la resolución del expediente de queja 275/13-A, la PDHEG determinó que las agentes del Ministerio Público Especializadas en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar y de la Agencia del MP V, en la ciudad de León, incurrieron en una serie de omisiones en agravio de Laura Patricia Vázquez Aguilar, quien en cuatro ocasiones acudió a la fiscalía como víctima de violencia intrafamiliar y no le recibieron la denuncia.
Laura Patricia fue estrangulada el 22 de septiembre pasado, presuntamente por su esposo, el ex policía municipal Miguel Ángel Castro Rocha, preso en el Cereso de León, procesado por el delito de feminicidio.
"Tras la investigación correspondiente, se acreditó que los funcionarios públicos señalados como responsables incurrieron en una serie de omisiones que impidieron la efectiva garantía y disfrute de los derechos humanos de Laura Patricia Vázquez Aguilar, en relación a los hechos de violencia intrafamiliar denunciados en esa instancia".
La madre de la víctima, Gerardina Aguilar Castro, presentó denuncia por la violación a los derechos de su hija.
El Ombudsman guanajuatense recomendó a la PGJE iniciar proceso administrativo en contra de ocho agentes del MP: Luz Adriana Sánchez Rodríguez, Fátima Guadalupe Negrete Gutiérrez, Erika García Lira, Ana Lilia Alberto Razo, Gisela Berenice Campos Bello, Aidee Elizabeth Maldonado Sánchez, Blanca Isabel Gasca Curiel, Ricardo Gutiérrez Mosqueda y José de Jesús Trujillo Morales, por el ejercicio indebido de la función pública consistente en la violación a los derechos humanos a la no discriminación, igual protección ante la ley y acceso a una vida libre de violencia de Laura Patricia Vázquez Aguilar.
Además las actuaciones necesarias tendientes al esclarecimiento de la muerte de Laura Patricia, garantizando con ello el derecho a la verdad y al acceso a la justicia de las víctimas indirectas, madre e hija de Laura Patricia, y que a éstas se les brinde asistencia médica, psicológica y asistencia social
Zamarripa también recibió la recomendación para que destine recursos suficientes orientados a fomentar la implementación de las medidas de protección establecidas por la ley y de programas de capacitación para los funcionarios policiales y ministeriales a efecto de que brinden la mayor protección a las mujeres víctimas de violencia.
Que adopte políticas públicas y programas institucionales encaminados a promover la erradicación de los patrones discriminatorios que impidan que las mujeres y las niñas cuenten con una plena protección frente a actos de violencia, incluyendo programas para capacitar a los funcionarios públicos de todas las ramas de la procuración de justicia.
