Monte Alejandro Rubido García, comisionado nacional de Seguridad, sostuvo la invitación del Gobierno federal a las autodefensas de Michoacán para que sus miembros se integren a la Policía Estatal de Michoacán, a la Policía Rural o bien a la Secretaría de la Defensa Nacional.
"Se tiene la confianza de que los grupos de las autodefensas se estarán desarmando el próximo 10 de mayo, como ellos mismos lo decidieron", acotó el funcionario federal en la sede del Centro de Cómputo, Comando, Control, Comunicación e Inteligencia (C5i), ubicado en el Puerto Interior.
"Y la invitación que hay es para que se integren ya sea a la Policía Estatal, con trabajos a la Policía Rural o bien la Secretaría de la Defensa Nacional como se les invitó en enero pasado cuando empezó el operativo de apoyo a Michoacán", puntualizó.
El comisionado señaló que ha habido algunas entidades con repuntes coyunturales en los indicadores delictivos -reflejados en el portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional-, pero en sentido estricto en homicidios dolosos a nivel nacional se registra una caída de un 17 o 18 por ciento.
TRASLADAN A VEINTE AUTODEFENSAS
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que fueron llevados al penal de Apatzingán un total de 20 miembros de las autodefensas que se encontraban recluidos en diferentes reclusorios del país.
La corporación indicó que con ellos suman 35 internos relacionados con grupos de autodefensas en el Centro de Readaptación Social de Apatzingán (Cereso).
Da Mireles voto de confianza al gobierno
Manuel Mireles, líder moral del Consejo de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán, interrumpió su siesta vespertina y salió al corredor de su casa con un papel en la mano: su carta de antecedentes no penales que solicitó al Gobierno estatal.
Tramitó el documento, otorgado el 28 de marzo, para responder al supuesto expediente judicial publicado por el diario "Excélsior" el 17 de enero pasado en el que se afirma que en 1988 el michoacano estuvo preso tres años y ocho meses en el penal de Uruapan, acusado de producir y traficar 86 kilos de marihuana.
"No soy un criminal, ningún delincuente ni buscado por la ley, soy un médico cirujano de este pueblo", -dijo al mostrar el documento a cámara, calzando chanclas, medio despeinado, maltrecho.
Dijo que no durmió nada la noche del lunes por estar en operativos de captura de extemplarios en retenes de autodefensas en Lombardía.
Ese lunes al mediodía participó además en la reunión con el Gobierno federal en la que se pactó la disolución de los grupos armados ciudadanos presentes en 36 municipios, con fecha del 10 de mayo, si para entonces se limpia el estado del crimen organizado de forma total y conjunta, se libera al centenar de guardias civiles encarcelados por portación de arma de grueso calibre, y se instaura el Estado de derecho en Michoacán.
El fin de semana el doctor encabezó la toma de Tingambato y recorrió parte de la costa michoacana. El lunes salió contento de la reunión en La Ruana con Alberto Castillo, comisionado para la seguridad en Michoacán. "Le estoy dando un voto de confianza", puntualizó en el almuerzo improvisado en el comedor destartalado que tiene a la sombra de un mango.
