Los Tribunales y Salas Electorales de todo el país procesan un documento con propuestas al Poder Legislativo para que sean valoradas y eventualmente incluidas en la regulación secundaria de la reforma electoral.
El propósito, es que “con una visión de Estado” se analice lo que debe contener esa legislación secundaria “en beneficio de la gobernabilidad democrática”, planteó el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales y Salas Electorales de la República Mexicana, magistrado Hertino Avilés Albavera.
Existe preparación, “experiencia jurisdiccional que ponemos a disposición de los creadores de las leyes secundarias para contribuir en su elaboración”, indicó el también magistrado presidente del Tribunal Electoral de Morelos.
El documento en preparación y que integrará también propuestas de órganos locales electorales, del Instituto Federal Electoral (IFE) y de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF), se ultimará en un Foro Nacional, a realizarse este próximo 7 de abril en Querétaro.
En entrevista, Avilés Albavera, uno de los que promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) ante el TEPJF, expuso los argumentos básicos de los 54 juicios que, como publicó EL UNIVERSAL en su edición del 20 de marzo, buscan evitar la remoción.
Promoverlos, aseveró, no significa que los magistrados pretendamos ser obstáculo para la reforma, “sino colaborar en su construcción”.
Los jueces electorales “no pretendemos eternizarnos en la función pública, nuestra visión es una visión constitucional” pues la inamovilidad está garantizada desde los nombramientos, sea por el Poder Legislativo o el Poder Judicial de cada entidad federativa.
En la misma Constitución se establece como única vía para la remoción el de la responsabilidad pública “pero no que mediante un decreto se deje sin efecto nombramientos válida y constitucionalmente realizados por las legislaturas locales”, expuso.
Incluso valoró que si la reforma constitucional “tiene como una de sus premisas la autonomía e independencia en la función jurisdiccional, no es posible, técnicamente hablando, que un artículo transitorio trasgreda la independencia judicial terminando anticipadamente un nombramiento constitucionalmente realizado”.
Es en esta contradicción en las normas en que se sustentan los recursos ante el TEPJF, indicó.
En tanto, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Veracruz, Gregorio Valerio Gómez, indicó en entrevista que entre las argumentaciones se plantea que un artículo transitorio aun cuando forme parte de una reforma constitucional, no puede contravenir principios constitucionales como lo son precisamente los citados.
Con estos recursos jurídicos, expuso, “no es que queramos eternizarnos, solamente queremos concluir el término con que se nos nombró y posteriormente pueden nombrar a quien sea, pero la instancia que corresponda”.
Yo, explicó, “podría decir como se dice ‘Adiós a las armas y retirada’ pero decir así de tajo váyanse no, porque a nuestro juicio no hay un procedimiento conforme a derecho, como se dio el caso de la reconformación de la SJCN en 1995, en que se estableció respeto a derechos, haber de retiro, liquidación. No, aquí no hay formas, no se cuidó ni la constitucionalidad, ni la legalidad”.
Expuso que en todo caso se hubiera eliminado de la Constitución la inamovilidad judicial, suprimida el principio de independencia judicial, o reformado el asunto de la autonomía de los estados para organizarse internamente.
Pero al no hacerse, esos principios constitucionales siguen vigentes y un artículo transitorio, “por mucho que esté incluido en la reforma constitucional no reglamenta ninguna disposición constitucional y ese es el meollo del asunto”, planteó.
