El Senado aprobó, en lo general, la Iniciativa Ciudadana con cambios al proyecto de los diputados que fortalecen esta figura de democracia directa, y la reenvió a la Cámara de Diputados para su revisión final y eventual puesta en vigor, junto con las reglas para la Iniciativa Preferente, que podrá emplear el Ejecutivo federal para dinamizar la relación con el poder Legislativo.
En lo general se aprobaron las formas de aplicar las iniciativas Ciudadana y Preferente, por 95 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.
Casi a las 15:10 horas, de este martes, iniciaron los senadores la discusión en lo particular de puntos específicos sobre los cambios a la Ley Orgánica del Congreso, así como de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En lo aprobado, se incluye dar fuerza a la Iniciativa Ciudadana a fin de que al cabo del tiempo ordinario, señalado para un proyecto legislativo, si faltó dictaminarla, debe pasar al pleno para que la asamblea resuelva, además de que se posibilita la representación con voz de quienes la iniciaron con 0.13% de firmas de ciudadanos de la lista nominal de electores, en deliberaciones en comisiones.
La senadora Cristina Díaz Salazar (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo que la Iniciativa Ciudadana revitaliza el sistema democrático, al abrir nuevos cauces a la participación directa de la ciudadanía, a través de fórmulas y procedimientos que estimulen el interés de la sociedad en los asuntos públicos”.
Agregó que la Iniciativa Ciudadana representa un contrapeso en el ejercicio del poder político y en la toma de decisiones sobre los temas trascendentales del país. Con este instrumento, los ciudadanos podrán pasar de meros observadores del trabajo de los órganos legislativos a tomar parte en la construcción de la agenda legislativa.
El fortalecimiento de la figura de Iniciativa Ciudadana constituye un acicate al trabajo legislativo del Congreso, dijo Javier Corral (PAN), al apoyar el dictamen ante el pleno.
Alejandro Encinas (PRD) también argumentó a favor del dictamen y destacó la adición, en ambas cámaras del Congreso, de una Oficina de Atención Ciudadana que brinde un servicio de apoyo a la presentación de iniciativas que quieran promover los ciudadanos. Es un avance, pero esta legislación queda muy por debajo de leyes estatales, remarcó el perredista.
En el mismo proyecto de decreto, se incluyen las reglas para el ejercicio de la Iniciativa Preferente en la que se establece que la Cámara revisora tendrá 15 días para resolver en el pleno, en caso de modificaciones a lo que haya aprobado la colegisladora. Además contiene ajustes a fin de regular su correcta tramitación, dijo Cristina Díaz Salazar.
La iniciativa Preferente es una aberración, porque el Ejecutivo interfiere el trabajo legislativo, afirmó el coordinador del PT, Manuel Bartlett. Contradice la división de poderes, al forzar preferencias para temas que escoja el Presidente de la República.
La reglamentación de las iniciativas Ciudadana y Preferente corresponde a cambios constitucionales de agosto de 2012, y por los cambios que aplicaron los senadores al proyecto de decreto, el tema regresó a San Lázaro.
