La Procuraduría General de la República (PGR) está desacatando la orden de un juez federal de indemnizar con el pago de casi 12 millones de pesos a la familia de Guillermo Vélez Mendoza, un joven que en 2004 fue acusado falsamente como presunto líder de secuestradores de la banda de "Los Antrax", y quien fue torturado y asesinado a golpes por elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), señala la familia.
Guillermo Méndez Pelayo acudió hoy a la PGR a entregar una carta al titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, para informarle la situación, al considerar que el funcionario federal no ha sido notificado por sus subalternos sobre la orden judicial en la que se fijó un plazo para se pague la indemnización de ley por el daño causado a la víctima y su familia.
En la batalla legal que emprendió la familia Vélez, logró limpiar el nombre de Guillermo, y deslindarlo de toda responsabilidad en el delito que se le imputó.
Por la vía civil se presentó una demanda por el daño moral causado, ya que además de la falsa acusación y homicidio, el padre y los hermanos fueron despedidos de su trabajo, y Norma Mendoza, la madre, murió a consecuencia de lo ocurrido, pues agravó la diabetes que padecía.
Desde el 31 de enero de 2008, el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil quedó firme la sentencia en la que se condenó a la PGR y codemandados (ex agentes federales) al pago de la indemnización que en 2013 se fijó en un monto de 11 millones 986 mil pesos.
El 28 de febrero de este año el juzgador requirió a la PGR, "por conducto de su superior jerárquico, el Presidente Enrique Peña Nieto, representado por la Secretaría de Economía, para que en ocho días diera cumplimiento a la reparación del daño", pero eso no ocurrió.
Por lo que se expidió un nuevo requerimiento judicial el 5 de marzo y se le dieron cinco días de plazo, que también incumplió.
Al respecto, Guillermo Vélez Pelayo dejó en claro que "la obligación de la PGR de pagar el daño de manera subsidiaria, ha quedado firme y no admite recurso alguno".
No obstante, dijo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos "ha seguido promoviendo recursos notoriamente frívolos e improcedentes, ocasionando que la Procuraduría incumpla con su deber de impartir justicia y representar a la sociedad con el objeto y fin de velar por sus derechos, causando además, un incumplimiento al deber constitucional, legal y moral de la PGR de reconocer, respetar y tutelar la cosa juzgada sentencia ejecutoriada dictada por la justicia federal".
