Ramiro Hernández está sentenciado a la pena capital a ejecutarse el próximo 9 de abril. (Archivo)
El gobierno federal intenta impedir la ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llamas, quien está sentenciado a la pena capital, y cuya muerte se fijó para el próximo 9 de abril; para ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está agotando todos los recursos a su alcance para evitarlo, y recurrirá a instancias internacionales para notificar del incumplimiento de Estados Unidos en el fallo Avena, en el que se le ordenó desde 2004 revisar 50 casos de connacionales condenados.
Ante la inminente fecha para que Hernández Llamas reciba la inyección letal, José Antonio Meade, titular de la SRE, en conferencia destacó que el gobierno de México seguirá “trabajando con el Congreso, con el Departamento de Estado, dando apoyo a su defensa, dando apoyo consular, insistiendo ante las autoridades de Texas y agotando todo lo que esté de nuestra parte para animar a que el resultado sea distinto”.
Aunque desde 2004 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya acreditó que en su caso hubo violaciones al proceso, como el no considerar su retraso mental, y sobre todo haber violado el principio de notificación consular para ser asistido por el gobierno mexicano tras su detención, las autoridades judiciales de Texas se han negado a revisar su caso, como ocurrió con Édgar Tamayo Arias, ejecutado el 22 de enero en ese estado de la Unión Americana.
Al respecto, Meade expuso que “seguimos trabajando en ese tema, nosotros pensamos que es muy importante generar acciones de presión”.
Recordó que aunque Estados Unidos reconoce el fallo en materia internacional, “en ausencia de una legislación habilitante por parte del Congreso americano, la Corte Suprema de ese país estimó que el fallo no era vinculante para los estados”.
Por ello, detalló que “hemos seguido trabajando con el estado de Texas, a través del Departamento de Estado, hemos seguido ejerciendo el trabajo de presión en el Congreso resaltando la importancia de que se apruebe esta legislación habilitante”.
Para el Canciller es importante comprender que “el respeto al debido proceso es un tema que es de interés no solo para los mexicanos, no solo en el tema específico del caso Avena, sino que es una garantía paras cualquiera que sea objeto de una investigación de carácter criminal en cualquier parte del mundo, y que la ausencia del reconocimiento y de habilitación, e implementación de esta medida es en detrimento del debido proceso en cualquier parte del mundo, y de cualquier ciudadano.”
Anunció que “vamos a seguir insistiendo, daremos aviso a diferentes instancias de la falta de cumplimiento, y esperamos generar estos espacios de consenso para buscar que el resultado sea distinto y habremos de seguir trabajando hasta el final”.
