Con sustento en tesis de tribunales colegiados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Segundo Tribunal Unitario en Nayarit revocó la sentencia de cinco años a la que había sido condenado un indígena cora en posesión de semillas de mariguana y amapola, toda vez que durante su proceso no se consideró su pertenencia a esa etnia ni sus usos y costumbres protegidos por la ley.
La apelación contra dicha sentencia fue promovida por un defensor público del Instituto Federal de Defensoría Pública, órgano del Consejo de la Judicatura Federal.
De acuerdo con el Tribunal Unitario, al ser detenido, el acusado dio a conocer que pertenece a los coras. Esta manifestación, de acuerdo con el artículo 220 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, basta para que el juez en cargo recabe las pruebas para conocer los usos y costumbres de la etnia, así como las prácticas que los coras acostumbran.
Como lo anterior no fue considerado en el proceso, el Tribunal Unitario revocó la sentencia, dictada en diciembre de 2013, y ordenó reponer el procedimiento del acusado.
