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Ombudsman reitera que autodefensas operan fuera de la ley

Su inicio se debe ante el precario imperio de la ley

El Ombudsman dijo que estas expresiones sociales a través de grupos de personas que tienen en común la pretensión de ejercer labores de seguridad pública en sustitución de los órganos del Estado son ante el precario imperio de la ley. (Archivo)

El Ombudsman dijo que estas expresiones sociales a través de grupos de personas que tienen en común la pretensión de ejercer labores de seguridad pública en sustitución de los órganos del Estado son ante el precario imperio de la ley. (Archivo)

EL UNIVERSAL

Este miércoles, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sostuvo que los grupos de autodefensa, que han surgido en comunidades de Guerrero y Michoacán "tal como están operando, están fuera de ley".

Dijo que estas expresiones sociales a través de grupos de personas que tienen en común la pretensión de ejercer labores de seguridad pública en sustitución de los órganos del Estado son ante el precario imperio de la ley.

"Esto tiene como origen la fractura social y política, no sólo derivada de añejas desigualdades, sino también, por la desconfianza en las autoridades locales ante su incapacidad para garantizar sus derechos fundamentales", dijo.

Al entregar la tarde de este miércoles al presidente Enrique Peña Nieto su informe de labores 2013, Plascencia Villanueva dijo que desde el surgimiento de las denominadas autodefensas ha sostenido que con base en su forma de operación se mantienen al margen de la ley.

"La Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebra la decisión de las autoridades Federales de poner atención en Michoacán y, en especial, de comenzar un proceso de orientación de estos grupos hacia esquemas de legalidad", dijo en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos.

Al comentar el trabajo realizado por la Comisión, el ombudsman dijo que la CNDH hace suyo el reclamo de las comunidades que se han visto lastimadas y "severamente agraviadas" por la acción de la delincuencia.

"Como Presidente de este organismo, refrendo mi compromiso de estar del lado de las víctimas, acompañándolas, exigiendo de las autoridades del Estado mexicano acciones eficaces en materia de seguridad pública y de justicia".

Comentó el informe realizado por la CNDH sobre la situación de los grupos de autodefensa en Guerrero. Dijo que se reiteró la preocupación por "los peligros y riesgos que representa la existencia de tales grupos, particularmente la situación de inseguridad y violencia que se ha extendido de manera peligrosa en este estado, el cual requiere del máximo nivel de atención".

Dijo que durante 2013 la CNDH observó acciones importantes para el fortalecimiento de una mayor cultura de la legalidad y de respeto a los derechos de las personas. Reconoció la disposición del Ejecutivo para aceptar todas las recomendaciones emitidas por el organismo el año pasado, incluyendo algunas de 2012. Señaló:

"No obstante lo anterior, también se observa que aún persisten prácticas contra la dignidad humana y el Estado de Derecho que no han logrado ser superadas. En ese contexto, el derecho humano a la seguridad pública y la lucha en contra de la desigualdad siguen siendo las principales demandas de gran parte de los mexicanos".

Dijo que en 2013 se recibieron y clasificaron 45 mil 972 escritos de queja; de los cuales 23 mil 716 dieron origen a 9 mil ocho expedientes de queja; 8 mil 167 de orientación directa; 6 mil 115 de remisión y 426 de inconformidad.

Los restantes 22 mil 256 escritos se refieren a otro tipo de solicitudes que fueron, también, plenamente atendidas, precisó.

En su informe, Plascencia Villanueva comentó que las diez entidades federales con mayor número de quejas en su contra son: el IMSS, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, la Defensa Nacional, la PGR, la Policía Federal, la SEP, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Marina.

Detalló que en 2013, se emitieron 86 recomendaciones en las que fueron señaladas 109 autoridades. De éstas, 65 fueron dirigidas a autoridades del ámbito Federal y 44 a autoridades estatales o municipales.

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