La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la constitucionalidad de la evaluación y control de confianza de policías federales ministeriales.
Esta resolución se dio a la luz de un amparo promovido por Miguel Ángel Benítez Rebollo, ex policía federal ministerial que fue separado de su cargo por no aprobar estas pruebas, ante lo cual impugnó la constitucionalidad de los artículos 46, fracción II, inciso a) y 54 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que reglamentan estas evaluaciones.
Los ministros de la Primera Sala, al negar el amparo a Benítez Rebollo, determinaron que los citados artículos no propician despidos de manera inconstitucional, ya que están en concordancia con "el régimen constitucional en materia de ingreso, permanencia y evaluación de los miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial”.
