Decomiso. Está integrado por 119 mil toneladas de minerales y 124 piezas de maquinaria pesada.
El Gobierno federal pegó a los Caballeros Templarios donde más le duele: en sus finanzas.
De acuerdo con reportes del Gobierno federal, la merma financiera para la organización delictiva por la incautación de 119 mil toneladas de mineral de hierro en el Puerto de Lázaro Cárdenas asciende a por lo menos 4.7 millones de dólares, que equivalen a unos 61 millones de pesos.
La cifra se calculó en función del precio promedio con el que, según informes de inteligencia, los Templarios venden cada tonelada del mineral a empresas exportadoras: 40 dólares.
Esto equivale a entre el 25 y el 30 por ciento del costo real en el mercado.
El mineral de hierro es materia prima para la producción de acero y China es un país que requiere de enormes cantidades de ese material al ser uno de los principales productores de acero en el mundo.
El lunes, autoridades federales aseguraron en 11 terrenos y patios de acopio del puerto michoacano 119 mil toneladas de minerales que podrían ser de procedencia ilegal y que estaban listas para su exportación ilícita a China.
En los predios también fueron embargadas de manera precautoria 124 máquinas pesadas de procedencia extranjera, y se detuvo a seis personas de nacionalidad china.
Los reportes indican que, además de beneficiarse de la venta del mineral, los Templarios reciben de las empresas involucradas precursores químicos, provenientes de Asia, para la elaboración de drogas sintéticas.
Ayer el comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo, informó que se investigará a las empresas que controlan los 11 patios de acopio ubicados en el exterior del Puerto de Lázaro Cárdenas.
Dijo que el operativo marca el inicio de una serie de acciones interinstitucionales para llegar al fondo de la exportación ilegal de minerales a China.
Anunció además que se revisarán los permisos de impacto ambiental y uso de suelo; las concesiones para explotación y exportación de minerales; las facturas de la maquinaria incautada; las declaraciones fiscales de las empresas e incluso se harán peritajes para determinar de qué minas se extrajo el material.
Castillo dijo que el operativo derivó de una indagatoria que realizaron distintas dependencias federales, entre ellas el SAT y la Semarnat, en la que se concluyó que los patios no cuentan con los permisos ni la documentación necesaria para almacenar y exportar el mineral.
Según el comisionado, seis de ellos están en Michoacán y los otros cinco en Guerrero, a una distancia de ocho kilómetros.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo ayer por la mañana un encuentro con el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, con el propio comisionado Castillo y el con el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño.
