Asociaciones civiles y diputados locales consideraron que de ser trasladado al estado para cumplir su condena, el ex gobernador Andrés Granier Melo no debe tener ningún privilegio, por lo que exigieron a la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) que se le trate igual que a los otros reos, salvo en lo relacionado con su salud.
Este jueves, un diario de circulación estatal publicó que -con base en fuentes del penal de Villahermosa- cuando sea trasladado de la cárcel de Tepepan, en el Distrito Federal, el ex mandatario permanecería en una celda del Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (Creset) compuesta por dos cuartos de tres por cinco metros con pisos de azulejos, mini splits, sistema de televisión por cable, closet con división de cemento con un tubo galvanizado para colgar su ropa, y baño completo para su uso personal.
Además, por su delicado estado de salud, pues Granier padece de problemas cardíacos, contaría con espacio para tanques de oxígeno y otros equipos médicos, así como para enseres eléctricos.
La construcción comenzó en noviembre de 2013 y lleva un avance del 95%. La habitación se ubicaría en la segunda planta del área conyugal varonil, identificada como la celda número dos, y contaría con una cama de base de cemento con medidas matrimoniales y un colchón especial.
Granier será vigilado todo el tiempo por cámaras de seguridad y para su alimentación se le servirá desayuno, comida y cena preparados en el Creset, aunque también podrá mandar a comprar comestibles del exterior, reportó el diario.
Hugo Ireta Guzmán, integrante de la directiva de la Asociación Santo Tomas y experto en temas de transparencia, no descartó que el ex gobernador goce de estos privilegios de ser trasladado al Creset, lo cual sería "condenable" y "repudiable", debido a que no debe haber presos de primera y de segunda. La ley y la justicia deben ser parejas para todos, dijo.
Exigió a la PGJE que llegado el momento no otorgue ni permita privilegios para Granier Melo.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia del Congreso del Estado, Mario Córdova Leyva, señaló que el ex mandatario tiene que ser tratado como un preso "común" y "corriente" luego de haber dañado el presupuesto estatal, a excepción de lo que tiene ver con su salud, como contar con un botiquín y oxígeno.
"Pero no debe acceder a comodidades especiales y menos tener derecho a televisión con sistema de cable", expresó. "No creo que el procurador o el director de Prevención y Reinserción Social estén pensando en darle privilegios, dijo el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD)".
El ex mandatario priista enfrenta procesos federales por defraudación fiscal y “lavado de dinero”, y en el fuero común, por peculado y ejercicio indebido del servicio público por presuntamente haber desviado 2 mil 608 millones de pesos en 2012. Además, enfrenta otro delito de peculado por 196 millones de pesos.
El procurador estatal, Fernando Valenzuela Pernas, dijo el 7 de febrero que por razones de seguridad y salud ya hay lista una celda especial para el ex mandatario.
