'Parchan' a la Constitución

La Constitución mexicana acumula más reformas que vida. A sus 97 años, es la más vieja de América Latina y la única en el continente que se mantiene vigente desde su promulgación en 1917. Sin embargo, de los 136 artículos que la conforman, apenas 29 se mantienen intactos. El resto ha sido sometido a 573 cirugías legislativas. La mitad en los últimos 25 años, entre el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sólo entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013, el Congreso aprobó reformas a 21 artículos de la Carta Magna. Hasta ahora el récord corresponde a las Legislaturas que acompañaron el gobierno de Felipe Calderón, que en 6 años modificaron 110 artículos constitucionales. Pero nada garantiza que su texto salve nuevos arrebatos reformadores y la Constitución llegue a su centenario intacta en lo que le queda, que no es mucho, considera el experto constitucionalista José Barragán, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

"La Constitución está echada a perder", dice. "En lugar de un texto breve, sencillo, que contenga única y exclusivamente las bases y los principios en que coincidimos todos los mexicanos y por los cuales estamos dispuestos a dar la vida, han hecho de ella un reglamento extenso y profuso, que contiene contradicciones en esos principios fundamentales y abre el terreno para el ejercicio abusivo del poder", advierte.

Sergio Márquez, experto constitucionalista de la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene otra opinión. Desde su perspectiva, las reformas constitucionales actualizan el estatus del Estado mexicano. "Ninguna Constitución pretende nunca ser cambiada. La Carta Magna pertenece a los vivos y no a los muertos. No hacer cambios es inaceptable. La sociedad cambia y la Constitución tiene que ser dinámica, como las reglas que regulan el propio Estado".

Coautor del libro La mecánica del cambio político en México y doctor en filosofía política por la Universidad de Turín, Pedro Salazar coincide en la necesidad de adecuar el texto constitucional a la realidad histórica del país.

"Es verdad que nuestra Constitución ha sido modificada muchas veces y que eso tiene un costo desde el punto de vista de la coherencia normativa y la técnica constitucional, pero también lo es que muchos de esos cambios han sido necesarios para modernizar las instituciones del país".

Como ejemplo menciona "la creación de los institutos de garantía de algunos derechos". Entre ellos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y sus pares locales, o en las facultades de control de constitucionalidad otorgadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a mediados de los noventa. "Esos fueron cambios constitucionales muy relevantes y positivos", explica.

 ANTECEDENTES

De acuerdo con el estudio "Paradojas de la reforma constitucional en América Latina", de Gabriel Negretto (Journal of Democracy en Español, volumen 1, julio de 2009), entre 1978 y 2008 Todos los países de la región, salvo Bolivia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Uruguay y México, han elaborado por lo menos una nueva Carta Magna.

Ecuador es el extremo, pues ese país ha sido regido por tres constituciones diferentes durante esas tres décadas, una cada diez años en promedio. Sin embargo, México es el país de América Latina que más modificaciones a su Constitución registra. Mientras los países de la región promedian ocho "reformas contabilizadas por año en que se realizaron enmiendas", en México se producen 26, seguido de Honduras con 21 y de Brasil con 16.

A la fecha, sólo 29 artículos de la Constitución no han sido modificados. Entre ellos el noveno, que trata sobre el derecho de asociación; el artículo 13, que establece la prohibición de tribunales especiales, y el 38, relativo a la suspensión de los derechos ciudadanos.

Tampoco ha sido reformado el artículo 39, que establece que "la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo"; el 50, relativo a la integración del Poder Legislativo; el 80, que establece que "se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará 'Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; el 120, en donde puede leerse que "los gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales"; el 129, que obliga a que "en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar", y el 136, relativo a la inviolabilidad de la Carta Magna.

Por el contrario, el artículo 73 (sobre las facultades del Congreso de la Unión) suma 63 reformas, seguido del 123 (que establece el derecho al trabajo) con 23 cambios y el 27 (relativo a la propiedad originaria de la nación de tierras, aguas e hidrocarburos) con 17.

Para el académico José Barragán, los grupos políticos mayoritarios en el Congreso han abusado de sus facultades en reformas constitucionales como la energética y la electoral, sólo por mencionar las más recientes.

Desde su perspectiva, hay principios fundamentales que son inmodificables en una Constitución, a menos que se convoque a una nueva asamblea constituyente. "De no ser así, las modificaciones son ilegítimas y dan lugar a que mañana los grupos opositores a esas reformas, con la misma idea con la que ahora procedió la mayoría, lleve a cabo una contrarreforma que nos lleve de un extremo a otro".

Desde esa perspectiva, advierte, esos grupos mayoritarios que son los partidos en el Congreso han dejado al país sin esa base común para todos los mexicanos que son los principios y que van más allá de partidos y de ideologías.

Eso, insiste, "sin siquiera tener absoluta representatividad, porque ellos no son la asamblea constituyente que necesita la nación para tomar este tipo de medidas".

En el caso de la Reforma Energética, explica: "El grupo mayoritario en el Congreso ha dañado el contenido de la soberanía, y ha cambiado lo que no estaba permitido, es decir, las concesiones, los permisos, las licencias para que terceras personas o empresas que no pertenecen al gobierno exploten los bienes de la nación".

Pero el constitucionalista Sergio Márquez mira las cosas de manera diferente. Para él, la Reforma Energética ha actualizado el estatus del Estado mexicano, estableciendo reglas diferentes en materia de participación social y privada. Simplemente, dice, "se está adecuando a los nuevos tiempos".

Asegura que esta Reforma Energética ha sacado al país de un letargo de 18 años. "Durante todo ese tiempo se buscó este cambio y hasta ahora pudo concretarse. Los legisladores por fin se pusieron de acuerdo y el país ha podido avanzar y salir del esquema que lo había detenido durante mucho tiempo".

 EXCESOS

En materia de Reforma Electoral, los especialistas coinciden en que el Poder Legislativo incurrió en excesos. "Modificaron el contenido de la Constitución para darle a organismos que dependen del Gobierno federal poderes que corresponden sólo a los estados. El IFE es un organismo federal autónomo que no puede administrar elecciones locales como indica la reforma", dice Barragán.

E insiste: "es una reforma abusiva y puede crear problemas serios en cuanto haya cambios en la composición de fuerzas en el Congreso, es decir, que de nuevo vayamos de un punto a otro, dependiendo de quienes tengan mayoría, y los mexicanos no poder esta a merced de este tipo de decisiones porque crea inestabilidad".

De esta manera, dice, el Congreso se ha convertido en el alcahuete de las elecciones.

Desde otro punto de vista, Márquez también coincide: "Los partidos políticos en el congreso invadieron la soberanía interna de los estados al intervenir en sus elecciones. Estamos tratando a los estados como menores de edad que no pueden decidir sobre sus autoridades electorales y, por lo tanto, desde el centro tenemos que decirles cómo hacer las cosas".

Esa reforma, dice, atenta contra el espíritu federalista de México. "Y sólo habría posibilidad de revertirla si algún estado interpone una controversia constitucional", explica Márquez.

Pero hay otros temas que han alterado no sólo la Constitución, sino la seguridad y las garantías de los mexicanos. La presencia del Ejército en las calles, las funciones que la federación y los estados le han quitado a los municipios, o la simple presunción de inocencia, explica Barragán.

"La presunción de inocencia se enuncia en el artículo 16 constitucional. Allí queda asentado que nadie puede ser molestado sin pruebas en su contra. Es decir, son necesarios elementos probatorios en manos de un juez competente para que pueda ordenarse el mandato de molestia. Ese mandato puede ser una detención, o una orden de detención con arraigo".

Pero los hechos contravienen el texto constitucional, dice. En un sexenio las autoridades detuvieron a 106,937 personas presuntamente relacionadas con el crimen organizado y de ellas sólo 3 mil permanecen en la cárcel como procesados o sentenciados. "El resto fueron detenciones arbitrarias y eso es más que una molestia, es un delito. Los jueces autorizaron esas detenciones sin cumplir el requisito del artículo 16".

Como consecuencia de ese tipo de contradicciones, explica, el país se halla en un escenario muy delicado, donde no hay respeto a los principios constitucionales de equilibrio y división de poderes, pues unos y otros invaden atribuciones y funciones.

En sus condiciones actuales, asegura Barragán, la Constitución no puede garantizar ni la paz ni el progreso en el país.

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