El Gobierno de México expresó hoy su "firme rechazo" a la posible ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias en Texas, EU, programada para el próximo 22 de enero, informaron hoy fuentes oficiales.
En un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que el de Tamayo es uno de los 51 casos de mexicanos que en 2004, en la sentencia conocida como "fallo Avena", la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que debía ser revisado y reconsiderado por las autoridades estadounidenses por no haber sido respetado su derecho de asistencia consular.
"De tener lugar la ejecución (...) constituiría el tercer caso de ejecución de un mexicano que es parte del fallo Avena, así como una clara violación por parte de EU a sus obligaciones internacionales previstas en la Convención de Viena", señaló la SRE en un comunicado.
México recordó que Tamayo, como los otros reos agrupados en el Caso Avena, que se falló en 2004, debieron en su momento tener acceso a asistencia consular, que se les negó hace años en EU.
El comunicado sostiene que brindar ese apoyo "es fundamental para garantizar el derecho de toda persona al debido proceso, incluyendo los nacionales de EU mientras se encuentren de viaje o residan en el extranjero".
Ante la posible ejecución de Tamayo "México valora los esfuerzos del gobierno de EU para asegurar que el estado de Texas acate el 'fallo Avena' así como el repetido reconocimiento de su obligación internacional en el transcurso de los años recientes".
También considera positivos "los esfuerzos realizados junto con algunos legisladores federales para buscar la aprobación de una iniciativa de ley que asegure el cumplimiento en todos los estados de esta obligación internacional" pero lamenta que tal legislación, "desafortunadamente", continúe "sin concretarse".
La Cancillería sostiene que numerosos organismos internacionales, como la propia CIJ, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, "dirigieron misivas apelando igualmente a la autoridades de Texas para suspender la ejecución de Tamayo Arias".
Lo mismo han hecho la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, la ONG Amnistía Internacional (AI), y los embajadores de la Unión Europea (UE), del Reino Unido, El Salvador, Honduras y Uruguay en EE.UU..
A ellos hay que sumar los Departamentos de Estado y Justicia estadounidenses así como otros colectivos civiles de ese país.
La SRE recuerda que "el pasado 15 de enero el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) abrió el debate sobre la abolición de la pena de muerte en América y denunció el incumplimiento de Estados Unidos del fallo de la CIJ".
Por último la SRE reitera que México "se opone a la pena de muerte y está decidido a emplear los recursos necesarios para la protección de aquellos nacionales en peligro de recibir dicha condena".
Desde 2000 este país impulsa el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos (MCLAP), que ha logrado hasta ahora evitar o revertir la imposición de la pena de capital en 868 casos
