En el pasado, entidades del propio Gobierno compraron servicios o productos a proveedores que el fisco exhibe en una lista de empresas que realizan operaciones inexistentes.
Varias de esas empresas, entre las que figuran proveedoras del Gobierno -federal o estatales-, ofrecen servicios de asesoría, consultoría, mercadotecnia, administración de recursos humanos y maquila textil.
Una de ellas es Asesorías Integrales Apolo S. A. de C. V., contratada por Pronósticos -entidad agrupada en Hacienda- para dar un "curso de técnicas de sometimiento y manejo ofensivo y defensivo y protección a funcionarios".
De acuerdo con el Portal de Obligaciones y Transparencia del IFAI, ese curso habría ocurrido el 3 y 4 de diciembre de 2009 y se facturó en 36 mil 800 pesos.
Una búsqueda en Internet reveló que otras de esas empresas vendieron servicios a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a la Lotería Nacional y a gobiernos estatales como Chihuahua y el Estado de México.
En la lista también se encuentra Comercio Internacional Integral; Comercializadora y Distribuidora Cádiz, y Comercializadora y Distribuidora Suri, empresas que, junto a Edicom, son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda por supuestamente haber participado en una red de lavado de dinero.
El SAT presentó a las empresas en calidad de "presuntos" y les dio un plazo de 15 días para aclarar su situación. Cinco días después les notificará una resolución y 30 días más adelante publicará la lista definitiva en el Diario Oficial.
De acuerdo con el SAT, los contribuyentes que usaron una factura emitida por alguna de esas 163 presuntas empresas defraudadoras, también cometen delito si no aclaran su situación. Esos contribuyentes disponen de 30 días para acudir al SAT y demostrar que la empresa en cuestión le vendió un bien o servicio, o bien, para hacer una corrección fiscal.
En caso de no hacerlo y si es detectado, podrían fincarle un adeudo fiscal o hacerlo acreedor a una penalización.
