La Procuraduría General de la República (PGR) ordenó ayer jueves el arraigo por 40 días de las dos ciudadanas canadienses y un mexicano involucrados en el ataque a las instalaciones alternas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ubicadas en el Distrito Federal.
La medida se tomó a unos minutos de que venciera el plazo para que la PGR definiera su situación legal si procedería a dejarlas en libertad, las consignaría ante un juez federal, solicitaría su arraigo, o en el caso de las canadienses procedería a su deportación, luego de los hechos del domingo pasado, cuando fueron detenidas.
Las dos canadienses fueron arrestadas luego de que la policía de la Ciudad de México recibió una llamada en la que se reportaba que personas causaban daños en la colonia Nochebuena, delegación Benito Juárez.
De acuerdo con el reporte de las autoridades capitalinas, durante el operativo se llevó a cabo la detención de Fallon “N” y Amelie “N”, ambas de origen canadiense, así como de una persona que dijo ser mexicana, para ser investigados por los ataques con bombas molotov en contra de las instalaciones de la SCT, así como de una agencia de vehículos.
Después de ser detenidos y presentados ante una agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la investigación fue atraída por la PGR.
El Ministerio Público Federal determinó solicitar la ampliación del término constitucional de 48 a 96 horas para determinar su situación legal.
De acuerdo con fuentes de la PGR, que solicitaron no ser citadas por su nombre, tras el arraigo, se buscará encausar a los detenidos por el delito de daño en propiedad ajena y lo que resulte, el cual está previsto en el artículo 139 párrafo primero del Código Penal Federal, y que con el uso de explosivos o sustancias tóxicas, o incendio, se tipifica como terrorismo.
Un grupo de personas protestó frente al consulado de México en Montreal, Canadá, para exigir la liberación de las dos canadienses acusadas de atacar las oficinas de la SCT en el DF.
Al finalizar la manifestación, la activista Jaggi Singh leyó una declaración en la que califica el sistema de justicia mexicano como represivo, autoritario y que además considera a los detenidos culpables hasta que se demuestre lo contrario.
