La producción de pollo de engorda que es el principal pilar de la producción avícola en la Comarca Lagunera, se encuentra en riesgo de quiebra, lo que plantea un problema social y económico de alcance regional que afecta a doscientos productores ejidatarios y pequeños propietarios, muchos de los cuales han dejado de pagar sus adeudos con diversas instituciones de crédito de primer piso, que operan con fondos del Gobierno Federal.
Como se desprende de un reportaje de investigación aparecido en El Siglo de Torreón en días pasados, mediante el sistema legal de aparcería, la empresa Tyson de México desde hace veinte años sostiene contratos con granjeros del sector ejidal y privado, que aportan tierra, agua e infraestructura consistente en gallineros o casetas equipados de comederos, bebederos, gas, energía eléctrica, etcétera, en tanto que la transnacional aporta el pollo para su engorda, alimento y vacunas, bajo un compromiso de la empresa de aportar aves en una cantidad determinada, conforme a un calendario específico.
Los aparceros financian las inversiones millonarias que requiere la infraestructura y el gasto corriente de la operación, mediante la aportación de su propio dinero e instalaciones y recursos obtenidos de créditos procedentes de los fideicomisos de apoyo al campo del Gobierno Federal a través de Banco de México y descontados en la Banca Comercial, cuyos créditos obtienen los aparceros con el aval de Tyson, en los términos establecidos en los propios contratos.
Este sistema de negocios que durante dos décadas ha funcionado a conveniencia y utilidad para ambas partes, a últimas fechas ha derivado en un conflicto. Los aparceros organizados en la Asociación de Engordadores de Pollo de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, argumentan que la empresa ha incurrido en incumplimiento al dejar de proporcionar el pollo, los insumos y vacunas en forma oportuna y en la cantidad pactada. Al bajar los ingresos de los aparceros de manera repentina e inesperada mientras el renglón de sus gastos se mantiene, han acumulado adeudos con sus proveedores como la Comisión Federal de Electricidad, las compañías particulares distribuidoras de gas, etcétera.
Por si fuera poco, los aparceros han estado cayendo paulatinamente en cartera vencida, al incumplir las obligaciones previamente contraídas con las instituciones de crédito de las que obtienen recursos para su financiamiento, lo que al decir de los productores ha paralizado la operación, la que se ha vuelto no solo incosteable, sino insostenible.
Otro aspecto importante del problema, incide en el tema de la salud pública, en virtud de que al quedar inobservado el protocolo de sanidad por el incumplimiento que los aparceros atribuyen a la empresa, la mortandad de la parvada regional aumentó de un quince a un veintitrés por ciento, lo que encendió un foco de alarma sanitaria e hizo que a petición de los granjeros, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), interviniera para regularizar la vacunación.
Sin embargo, la intervención de Sagarpa en el tema de sanidad no es suficiente. Queda pendiente de atender el aspecto productivo y económico del problema, que por tener un impacto social, atañe entre otras dependencias a la propia Sagarpa y en forma conjunta a los Gobiernos de los Estados de Coahuila y Durango, de los que los aparceros esperan una intervención eficaz al respecto.
De la empresa Tyson de México, los productores esperan una actitud negociadora en beneficio de la cadena productiva en su conjunto, a fin de proteger los empleos directos de los que viven más de dos mil familias en la Comarca Lagunera, más los puestos de trabajo que sostienen los proveedores de bienes, insumos y servicios en este sector, así como para mantener el precio de la carne de pollo a un precio accesible, lo que es fundamental para la economía de los hogares de esta región del país.
