En el insólito de la temporada, el presidente de Desarrolladora Homex, Eustaquio De Nicolás, declaró hace unos días que la firma se volvería selectiva en sus pagos a proveedores, castigando a quienes no hayan cumplido con lo pactado.
La amenaza llega, justo, cuando la empresa con sede central en Culiacán y con ramificaciones internacionales enfrenta una cadena de litigios por falta de cumplimiento de contratos, en un escenario en que se ha reducido al mínimo su personal.
El despido alcanzó a 15 mil 565 trabajadores que representan el 67.8 por ciento de la plantilla total.
La suspicacia apunta que, al margen de las controversias habituales que enfrentan las empresas desarrolladoras de vivienda; al margen, incluso, de sus problemas de liquidez ante el incumplimiento en el pago de subsidios por parte del Gobierno, la firma se indigestó al desbordar sus cauces habituales.
Se diría, pues, que le pasó lo que al grupo Alfa en el amanecer de la década de los 80 del siglo pasado o en su momento al Grupo ICA y a la empresa siderúrgica Sidek.
Como recordará usted, Alfa, uno de los conglomerados del que alguna vez fuera el Grupo Monterrey, abandonó su vocación industrial al centrarse en negocios mercantiles y de servicios que le estallaron en la cara, al punto de tener que acudir el gobierno lopezportillista por su rescate, con un multimillonario préstamo de Banobras.
Por su parte, ICA se diversificó a tal punto que descuidó la función que le dio origen. De constructora de obras monumentales se volvió administradora de hoteles y carreteras, para no hablar de terminales marítimas y recintos portuarios, obligándose a desandar el camino.
El caso más emblemático de indigestión aguda, empero, es el de la firma siderúrgica Sidek, quien al conjuro de sus relaciones con el gobierno creó una división turística, Situr, sin tener la experiencia o la vocación para enfrentar el reto.
El resultado usted lo conoce. La firma de los hermanos Martínez Huitrón quebró estrepitosamente al incumplir con los pagos de sus colosales deudas bancarias.
Los pedazos se los repartirían los propios bancos.
Fundada en 1989, la Desarrolladora Homex había logrado un crecimiento espectacular vía su oferta de casas habitación para estratos populares, medios y medios-altos, al punto de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores a partir de abril de 2010.
El problema es que de pronto empezó a escuchar el canto de las sirenas de la diversificación, promoviendo la adjudicación de cuatro contratos públicos para construir el mismo número de reclusorios bajo el modelo de asociación público-privada sin tener la mínima experiencia en la materia.
La firma, de acuerdo a lo pactado, debe buscar sus propias fuentes de financiamiento.
El caso es que a partir de ahí Homex empezó a tener problemas.
Uno de los casos más significativos es el litigio que enfrenta con la firma desarrolladora de un conjunto urbano, campo de golf al calce, en San José del Cabo, conocido como Club Campestre San José.
Homex pactó con la empresa la compra de un colosal terreno urbanizado de 70 mil 903 metros cuadrados para construir a su vez un conjunto denominado Las Villas de México.
La operación se pactó con la subsidiaria de Homex Proyectos Inmobiliarios de Culiacán en 19.4 millones de dólares, pagándole un enganche equivalente al 30 por ciento.
El resto se cubriría con emisiones semestrales a partir del 2010.
El caso es que la obra se mantiene inconclusa desde hace varios meses. De hecho, de las siete etapas previstas sólo se ha cubierto la primera, es decir, la fachada con algunas villas de dos niveles.
El resto está en obra negra.
En el paréntesis, Homex le debe a la contraparte 10 millones de dólares.
En un escenario similar, la empresa sufrió la expropiación de un terreno en el Bajío para garantizar el pago a un grupo de inversionistas locales que habían participado en la capitalización para edificar un desarrollo en León, Guanajuato, concretamente en una zona cercana a Silao.
¿Se indigestó Homex? ¿Se cuelga de la relación de sus dueños con el candidato priista a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto?
Colocada en la orden del día de una reunión del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones la revisión de la política de televisión digital terrestre, en la mira de instrumentar el llamado "apagón analógico", hete aquí que el asunto debió borrarse ante un ordenamiento judicial.
Televisa logró un amparo vía su filial Televisora Peninsular, contra la posibilidad de que se revisara el dictamen final de la Comisión de Mejora Regulatoria sobre un anteproyecto para modificar el escenario en materia de televisión analógica.
La suspensión, con cargo a la Cofemer, alcanzada por la televisora de Emilio Azcárraga, obliga a congelar el asunto hasta que se resuelva de fondo el meollo de su alegato.
De acuerdo a la ruta crítica prevista, las transmisiones analógicas en el país se cancelarían a partir del 31 de diciembre del 2015.
ZANCADILLA A ELEKTRA
El rumor de lo que se calificó de "inminente" salida de las acciones de la cadena de tiendas Elektra del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, el ramillete de emisoras representativas, provocó una caída drástica en el valor de sus papeles.
Ayer, en el peor piso, éstos se cotizaban 17.65 por ciento abajo de su valor del miércoles pasado.
La versión surgió tras anticipar el órgano bursátil un cambio en las reglas para tener acceso al listado.
De entrada, se exige que esté en circulación al menos el 12 por ciento del capital social de las emisoras, o que el valor de los papeles sea superior a 10 mil millones de pesos.
El caso es que Elektra cumple creces este último renglón, dado que el valor contable de sus acciones cotizadas en el piso de remates alcanza un monto de 40 mil millones de pesos.
En el primer caso el porcentaje en circulación equivale al 15 por ciento del capital social de la emisora, es decir supera con creces el límite.
POSICIÓN DE MAYPO
De acuerdo a Farmacéutica Maypo, no existe hasta hoy obstáculo alguno para que el Instituto Nacional de Cancerología mantenga la ruta para la adquisición de un contrato de servicios integrales a su causa, aunque reconoce que la Secretaría de la Función Pública ha advertido que de no firmarse el contrato por causas imputables a los interesados, se le podría adjudicar la licitación a otra participante.
