Por consideraciones dogmáticas, en todos los países de Sudamérica el clero ha promovido intensas campañas antiabortivas, con incluso cabildeos a nivel legislativo para frenar iniciativas a favor de la interrupción del embarazo. (Archivo)
En Sudamérica consideran ilegal el aborto y castigan con penas de cárcel su práctica, a excepción de Colombia que lo autoriza para casos específicos.
El aborto constituye una práctica ilegal en la mayoría de los países sudamericanos, donde la interrupción voluntaria del embarazo es penalizado hasta con cárcel, a excepción de Colombia para casos específicos.
Mientras Chile, Ecuador, Perú, Paraguay y Argentina consideran ilegal el aborto y castigan con penas de cárcel su práctica, Brasil inició un debate para despenalizar la interrupción del embarazo en caso de anencefalia del feto.
Pese a las persistentes campañas ‘pro-aborto’ que desde hace años mantienen Organizaciones No Gubernamentales y colectividades feministas que defienden los derechos reproductivos de las mujeres, esta práctica aún es objeto de sanción penal en la región.
En México la Suprema Corte de Justicia resolvió el jueves pasado que la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en abril de 2008, para despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo, no viola la Constitución del país.
En Chile, donde según estudios se realizan unos 40 mil abortos al año, una de los promedios más altos de la región, esta práctica se considera un problema de salud pública y está penalizada en todas sus formas, sin existir excepciones legales a esta prohibición.
El Código Penal chileno considera el aborto bajo la tipificación de “Crímenes y delitos contra el orden familiar y la moralidad pública”, una de las normativas más restrictivas del mundo, y establece penas de tres a cinco años de prisión.
En Brasil, el Superior Tribunal Federal inició una serie de audiencias públicas para discutir con especialistas sobre la eventualidad de autorizar el aborto de fetos anencéfalos (sin cerebro), lo que es rechazado por la Iglesia Católica de ese país.
La Confederación Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), de hecho, reafirmó su posición contraria a la despenalización de ese tipo de abortos, al considerar que, “aún con mala formación, el feto anancefálico es un ser humano”.
PROBLEMA DE SALUD
Paraguay, por su parte, también penaliza la interrupción intencional del embarazo con hasta cinco años de cárcel, pese a los intentos de los partidos políticos de modificar la legislación vigente, propósito que aún no ha tenido eco en el Congreso.
Según el legislador paraguayo Julio César Velázquez, el aborto “es un problema de salud pública en Paraguay, pues se estima que se practican unos 10 mil procedimientos de ese tipo al año”, la mayoría de forma clandestina, sin reunir los mínimos requisitos de higiene.
Esta situación ha llevado a que de 149 muertes maternas registradas en 2006 en Paraguay, un total de 29 fueron atribuidas a complicaciones de aborto, como sepsis (21) y hemorragias (8), de acuerdo a las estimaciones que maneja Velázquez.
La nueva titular paraguaya del Ministerio de la Mujer, Gloria Rubín, sostuvo que estas alarmantes cifras obligan a revisar la legislación vigente en la materia, como recomendó la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing), de 1995.
En Argentina, en tanto, el debate para despenalizar el aborto quedó congelado en el Congreso a pesar de que esta práctica es la principal causa de muerte materna en el país sudamericano, con un promedio de 46 madres por cada 100 mil nacidos vivos.
Como en el resto de la región, el aborto se castiga con penas de cárcel tanto para quien se lo practica como para el ejecutor del procedimiento, excepto cuando se trata de casos de violación de una mujer demente o para evitar la muerte de la embarazada.
Organizaciones feministas, sin embargo, han denunciado que estas dos excepciones casi nunca se cumplen porque los médicos se niegan a practicar el aborto basados en sus propias creencias religiosas, en un país con fuerte presencia de la Iglesia Católica.
Cálculos oficiales señalan que cada año se realizan alrededor de 500 mil abortos en Argentina, pero quienes más riesgos corren son las mujeres de escasos recursos con lo que el problema adquiere un matiz de iniquidad de recursos.
OBJETO DE DISCUSIONES
El aborto también es prohibido en Ecuador, donde el tema ha ocupado un lugar preponderante en las discusiones sobre la nueva Constitución, luego que diferencias de interpretación tensaron las relaciones del Gobierno con las iglesias Católica y Evangélica.
Ambas instituciones religiosas sostienen que la propuesta de nueva Carta Magna, que será votada en un referendo el 28 de septiembre, deja abierta las puertas al aborto, dado el carácter “ambiguo” de los textos referentes al tema.
El capítulo que genera polémica es el alusivo a los derechos de libertad, según el cual se reconocerá y garantizará “el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener”.
La legislación peruana, a su vez, también penaliza el aborto por considerarlo un “delito contra la vida”, a excepción de cuando esté en peligro la vida de la madre, de acuerdo al Código Penal vigente desde 1924 en ese país andino.
Intensos debates se han suscitado en torno a este tema en Perú y la sociedad no se ha puesto de acuerdo respecto a si se despenaliza o si se continúa con la disposición legal que penaliza de uno a tres años a las mujeres que se someten a un aborto.
Según estimaciones de la Casa Nacional de Refugio para Mujeres, al menos unas 420 mil mujeres realizan prácticas abortivas en Perú, lo que llevó al cardenal Juan Luis Cipriani a pedir al Gobierno “no legalizar la muerte”.
En Perú existe una ambigüedad sobre el tema, ya que mientras el Gobierno ha oficializado la determinación de proteger la decisión de las mujeres de tener o no hijos, el Estado peruano penaliza, sin embargo, el aborto.
CASOS ESPECIALES
Colombia, por el contrario, despenalizó el aborto para tres casos específicos: cuando está en riesgo la vida y salud de las mujeres, cuando existe malformación fetal incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo ha sido producto de violación.
La despenalización se hizo efectiva merced a un fallo de la Corte Constitucional emitido el 10 de mayo de 2006, aunque Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han expresado su preocupación por el incumplimiento del dictamen y la falta de regulación.
De acuerdo a estimaciones oficiales, desde que entró en vigencia la norma que despenaliza el aborto sólo se ha registrado un promedio anual de 50 casos legales de interrupción de embarazos en los dos últimos años en Colombia.
La cifra contrasta con la que manejan los movimientos defensores del aborto, que consideran que en el país sudamericano se registran más de 450 mil abortos clandestinos al año, mientras que las estimaciones oficiales indican que sólo son 45 mil casos.
La Iglesia Católica rechazó desde un principio la despenalización del aborto en Colombia, incluso en casos como los establecidos por la Corte constitucional, bajo el argumento que la vida está por encima de cualquier consideración.
Por consideraciones dogmáticas, en todos los países de la región el clero ha promovido intensas campañas antiabortivas, con incluso cabildeos a nivel legislativo para frenar iniciativas a favor de la interrupción del embarazo.
Prepara España nueva Ley del aborto para 2009
El Gobierno español prepara para el próximo año una nueva Ley del aborto que garantice los derechos fundamentales y la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales sanitarios, según informó ayer la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
Trece expertos juristas, ginecólogos, representantes y técnicos de los Ministerios de la Presidencia, Justicia y Sanidad asesorarán al Ejecutivo español en la elaboración del proyecto, que se enviará al Parlamento en el primer semestre de 2009.
Aído destacó que el Gobierno “inicia el camino para la elaboración de una nueva Ley, no una reforma de la actual”, que incorporará “lo mejor de la legislación en el mundo”.
Además, la ministra subrayó la importancia que tendrá la equidad territorial en la nueva norma.
“No puede ser que en España una mujer que decida interrumpir legalmente su embarazo tenga dificultades y que el tratamiento que reciba en esa circunstancia sea diferente en función de la comunidad autónoma en la que viva”, añadió.
Aído aseguró también que en estos momentos no está en condiciones de avanzar cómo será la Ley, que podría entrar en vigor a finales de 2009 o principios de 2010.
Durante los próximos seis meses el grupo de expertos realizará un informe con recomendaciones al Gobierno sobre la nueva norma y, simultáneamente, se creará una subcomisión de Igualdad en el Parlamento a fin de que su elaboración se lleve a cabo con el “mayor consenso posible”.
La ministra de Igualdad apostó por que la nueva Ley sea fruto de un debate “serio, sosegado y de altura”, y consideró “lógico” que se plantee una revisión de la actual Ley, en vigor desde 1985. (EFE)
Cifras
Pese a las persistentes campañas “pro-aborto”, esta práctica aún es objeto de sanción penal en Sudamérica.
■ En Chile se realizan unos 40 mil abortos al año, uno de los promedios más altos de la región.
■ En Paraguay se practican unos 10 mil procedimientos de ese tipo al año.
■ Cada año en Argentina se realizan alrededor de 500 mil abortos.
■ Unas 420 mil mujeres se someten a prácticas abortivas en Perú.
■ En Colombia, movimientos defensores del aborto, señalan que existen más de 450 mil abortos clandestinos al año, mientras que estimaciones oficiales indican que sólo son 45 mil casos.
