Por no ser un requisito constitucional para ser legislador, 142 diputados y senadores de la actual Legislatura no cuentan con estudios de nivel licenciatura; incluso hay quienes ni siquiera terminaron la educación básica.
Según la información proporcionada por los propios partidos, los servicios parlamentarios de ambas Cámaras y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE), en la Cámara de Diputados 124 legisladores no reportan haber obtenido un título universitario y en el Senado de la República 18 son los integrantes sin este documento.
Mientras que los senadores tienen formación académica a partir del bachillerato incompleto, en el caso de los diputados, 13 se quedaron en primaria o secundaria, de los cuales seis pertenecen al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cinco al Revolucionario Institucional y dos son del Acción Nacional (PAN).
Para el constitucionalista Jaime Cárdenas esta situación es un espejo de la realidad social. “Es consecuencia de lo que somos como país, al no ser un país desarrollado tenemos ese tipo de legisladores, y desde luego que sí afecta. Sería mejor tener, en términos ideales, un Congreso con legisladores de formación académica sólida, conocedores de nuestra cultura y con sensibilidad social, porque así se tendría un tremendo impacto en el tipo de debate, de deliberación. También en el nivel de propuesta legislativa y de trabajo en las comisiones y en el pleno”.
Recientemente, la UNAM firmó un convenio con la Cámara de Diputados para buscar que los legisladores concluyan sus estudios de bachillerato y educación superior.
El caso del Poder Judicial es contrario a lo que sucede en el Poder Legislativo, ya que para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es requisito -por Ley- contar con título profesional de licenciatura en Derecho (a los magistrados se les pide preferentemente contar con conocimientos en materia electoral).
Sin embargo, Cárdenas, doctor en Derecho, señala que no sería positivo que hubiera un requisito constitucional para exigir un cierto nivel académico a los legisladores, ya que atentaría contra la pluralidad del Congreso.
Y observa que hay remedio sin ir al requisito constitucional. “Dos cosas: por un lado sería importante, en cada proceso electoral y en cada proceso interno de los partidos, que fuese una obligación por parte de los candidatos hacer pública una serie de datos, como su declaración patrimonial, de intereses y también su formación académica y labor profesional previa, para así normar el juicio del elector, no solamente el programa o la plataforma del partido, que sería lo ideal y que tampoco ocurre”.
Para el maestro en Derecho, Óscar Gutiérrez Parada, especialista en diseños normativos, parte del problema de la labor legislativa no sólo radica en la preparación de los diputados y los senadores, sino en los productos que generan.
El coordinador de Asesoría de Diseños Normativos, SC, coincide con Cárdenas Gracia en el fortalecimiento de los cuerpos técnicos y de asesoramiento, al observar que la problemática también está detrás de los legisladores. “Decía Maquiavelo que el mejor príncipe, entre otros aspectos, era el que tenía a su cargo a los mejores asesores. Pues este consejo habría que hacerlo extensivo a los legisladores: para tomar la mejor decisión política, como la de expedir leyes que no solamente se queden en su impacto jurídico, se requieren expertos tanto en técnica legislativa como en procedimientos parlamentarios”.
