Reunión. Las alcaldesas de Pátzcuaro, Salma Karrum, y de Huetamo, Dalia Santana, juntas con el capo.
La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una línea de investigación sobre la posible relación de dos alcaldesas del estado de Michoacán con el cártel de Los Caballeros Templarios, a partir de la existencia de videos y fotografías en las que aparecen en reuniones con líderes de esa organización criminal, a fin de determinar si incurrieron en delitos del orden federal.
Autoridades de la dependencia confirmaron que se indagan las actividades de la edil de Pátzcuaro, Salma Karrum Cervantes, así como de Dalia Santana Pineda, expresidenta municipal de Huetamo, quien fue detenida por las autoridades locales la semana pasada.
En esta fase de la investigación, los peritos de la PGR verifican la veracidad de las imágenes, además de que se recaba información y testimonios sobre los vínculos que pudieran existir entre las funcionarias y el grupo delictivo, que pudieran derivar en la comisión de delitos como delincuencia organizada.
Por ello, las fuentes consultadas indicaron que hasta este momento aún no existe un citatorio para que Karrum Cervantes comparezcan ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), o que el personal tome la declaración de Santana, quien fue detenida el 14 de agosto pasado por la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, por los delitos de homicidio y extorsión.
Se trata, indicaron, de la misma indagatoria en la que se ha ejercitado acción penal contra otros políticos michoacanos en los últimos meses, como el exsecretario de Gobierno, Jesús Reyna García; el exlíder de transportistas José Trinidad Martínez Pasalagua y Rodrigo Vallejo Mora, el hijo del exgobernador Fausto Vallejo, quienes fueron exhibidos en videograbaciones en las que aparecen con el líder del cártel Servando Gómez Martínez, La Tuta.
Detallaron que en esta vertiente de la investigación en torno a las alcaldesas, se dará el mismo tratamiento que en los casos en los que se actuó penalmente, "hasta que se tengan datos concretos de una posible implicación se citaría a declarar a la funcionaria, y en el caso de la que ya está detenida, se buscaría otro mecanismo para tomar su testimonio, pero sólo cuando el Ministerio Público tenga los indicios".
