Intenciones. Buscan crear protocolos de atención para salvaguardar la integridad física de los menores.
La Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) anunciaron seis acciones con las cuales arranca la estrategia nacional para la prevención del acoso escolar desde la perspectiva familiar y comunitaria.
El propósito es crear protocolos de atención para "salvaguardar la integridad física y psicológica de los niños y adolescentes" dentro de los planteles educativos y en los hogares.
Al firmar el acuerdo, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, reiteró que el sistema educativo no es un universo aislado en el que se reflejan muchos de los problemas que se viven fuera de las escuelas.
"Las situaciones de intolerancia, de inseguridad y de violencia no son, por desgracia, ajenas a nuestros niños".
Expresó que el objetivo del trabajo coordinador entre la SEP y el DIF es desarraigar de los niños los elementos violentos a los que han estado expuestos.
Las seis acciones que se realizarán con el DIF y que se suman a las 15 estrategias que se iniciaron hace casi un mes, tras el acuerdo con los secretarios de Educación de los estados, consisten en intercambiar información, dar asesoría recíproca en materia de convivencia escolar, impulsar la formación y capacitación de personal, desarrollar investigación y crear redes interinstitucionales; brindar apoyo a las escuelas; y, elaborar protocolos de atención.
En el salón del Coro Alto, de la SEP, el funcionario destacó que desde la escuela y la familia se debe trabajar para fomentar "el buen trato y la confianza", y con ello "el pleno respeto de los derechos humanos, la cultura democrática y la paz".
Por su parte, la titular del Sistema DIF, Laura Vargas Carrillo, refirió que la violencia no es privativa de las escuelas y está arraigada en nuestra sociedad; no son hechos aislados.
Dijo que las acciones emprendidas con la SEP son consecuencia de una serie de propuestas planteadas por un grupo de expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual, en febrero pasado, realizó un diagnóstico sobre los actos de violencia en los entornos comunitarios.
