Recuperan madera talada por el crimen
Pedro volvió a Ostula para ofrecer disculpas ante la asamblea de comuneros por haber sido uno de los que trabajó para los talamontes al servicio del crimen organizado, que durante cuatro años se apoderó prácticamente de este territorio en la costa michoacana.
Pedro se fue el 7 de febrero de este año pues temía que lo fueran a matar. Ese día algunos exiliados por la violencia que se cernió sobre esta comunidad nahua desde 2010 regresaron a su tierra apoyados por autodefensas de Chinucuila, Coahuayana y Coalcomán.
Delante de más de 800 comuneros que han recuperado el control de sus asambleas -"antes nadie podía hablar, había gente armada paseándose por aquí y escuchaban lo que decías... y si no les parecía, luego te amenazaban o te mataban", dice Trino, uno de los asistentes a la reunión- Pedro explicó que "los mafiosos" lo tenían amenazado y lo obligaban a bajar sangualica de la sierra.
Explicó que le pagaban 10 pesos por cada metro cúbico que montaba al tráiler, cuyo destino era el puerto de Lázaro Cárdenas -a 250 kilómetros al sur- o el de Manzanillo -a 135 kilómetros al norte.
Después de escuchar a "Pedro", la asamblea autorizó que dos ingenieros se internaran durante cuatro días en las más de 19 mil hectáreas de su territorio para buscar y medir toda la madera que quedó tirada cuando escaparon los que trabajaban en la tala clandestina; se contabilizaron mil 688 trozos de madera, que juntos suman poco más 138 metros cúbicos.
Toda esa madera es sangualica, especie en peligro de extinción y protegida por la NOM59-SEMARNAT-2010, cuyo valor comercial oscila entre los 25 mil y 32 mil pesos por metro cúbico; por su dureza y coloración rojiza se utiliza, entre otras cosas, en acabados de yates y autos de lujo.
Algunos en Ostula hacen cuentas mentales y dan con una cifra que parece estratosférica porque en ella hay seis ceros; después sólo se atreven a decir: "es un dineral el que está ahí tirado".
La documentación y georreferenciación de la madera talada permitirá a la comunidad interponer una denuncia ante la Semarnat y al mismo tiempo solicitar un permiso para venderla; con el dinero se garantizaría el funcionamiento de la policía comunitaria que, tras el registro de armas del 10 mayo, reconoció el gobierno federal.
Desde febrero pasado esta policía ha logrado subsistir con poco más de 25 mil pesos aportados por las 23 encargaturas de Ostula (poblados del municipio) y con la ayuda en especie de la comunidad.
LA BÚSQUEDA DEL "TESORO"
Hace años que Semeí Verdía no andaba por esta senda. Desde que en 2010 logró escapar de los sicarios que intentaron matarlo no agarraba el monte como ahora. "Antes no me animaba a tomar solo este camino, cualquiera que te quisiera hacer algo aquí te agarraba", dice el joven nahua de 34 años, quien después de casi un lustro de exilio hoy se encarga de la seguridad de su comunidad y además comanda la autodefensa de Aquila.
Después de que en mayo apoyó abiertamente a José Manuel Mireles durante su distanciamiento del gobierno federal y de otros líderes de autodefensas, a Verdía se le intentó culpar de los homicidios de Miguel Ángel Flores Álvarez y Emanuel Flores Álvarez, ocurridos en 2010; hoy que el exvocero de las autodefensas está preso, Verdía está prácticamente encabezando la resistencia que intenta que el Comisionado de la Seguridad y Desarrollo Integral para Michoacán, Alfredo Castillo, se siente a dialogar con las autodefensas de la costa para lograr la liberación de Mireles.
Sobre los asesinatos que se le imputan a Verdía, las autoridades comunales de Ostula han emitido un comunicado en el que sostienen que "dichos homicidios fueron cometidos por el crimen organizado de la región y en su momento las autoridades competentes no llevaron a cabo ninguna investigación.
"Es sospechoso que después de cuatro años no se hubiera presentado denuncia por tales hechos y ahora acusan a nuestro comandante en un montaje para desarticular nuestra policía comunitaria y al grupo de autodefensas de Aquila".
En el monte, 10 comunitarios acompañan a Verdía y todos siguen a un hombre de pelo blanco y de andar firme que lleva colgada a la espalda una escopeta; es uno de los pocos que, a pesar de las amenazas de los delincuentes, siguió denunciando públicamente la tala y se mantuvo viviendo en una de las rutas de saqueo.
"De no ser por los comunitarios no estaríamos aquí sentados", comenta mientras descansa sobre una roca. "Por aquí entraban y salían; a cada rato venían y se llevaban madera. Por ahí se oía que yo era el siguiente en su lista (de asesinatos), porque no estaba de acuerdo con lo que hacía", continúa el personaje que no ha parado de reír desde que se encontró a Verdía y sus acompañantes en la vereda; un chiste le sigue a otro, se nota que disfruta la compañía mientras camina entre los árboles de rosa morada, papelillo y parota.
Conoce una decena de sitios donde quedó abandonada madera talada, sube y baja pequeños barrancos como andar por el jardín de su casa y de pronto señala con el dedo índice: "ahí hay un montón tirado". Son cubos asimétricos desperdigados, como si un árbol con esqueleto hubiera caído y muerto en ese sitio, dejando sus huesos a la intemperie. "En un día, una sola persona tiraba el árbol y ahí mismo le sacaba los cubos, luego los iba juntando en algún lugar para llevarlos en bestias hasta las camionetas, y de ahí hasta abajo para subirlos al tráiler", narra.
LA TENSIÓN EN LA COSTA
Las autodefensas se han convertido en Fuerza Rural que está al mando del gobierno federal. Se han vuelto parte del gobierno y se pregona que la delincuencia está prácticamente desterrada, pero en Ostula la gente sigue en alerta ante un posible contragolpe que pueda desatar el crimen organizado.
A mediados de la semana pasada interceptaron un par de camiones en los que se intentaba saquear sangualica oculta bajo cargamentos de parota, ese es el ejemplo -dicen- de que la mafia sigue operando en la región.
Por eso mantienen la guardia arriba, para evitar que se repita lo de junio de 2009, cuando tras la recuperación de más de 700 hectáreas de playa -en poder de pequeños propietarios de La Placita vinculados al narcotráfico- comenzaron los asesinatos y las desapariciones "selectivas".
Verdía recuerda que después de eso, en mayo de 2010 los marinos montaron un operativo y entraron a la comunidad para desarmar a la policía comunitaria, con lo que prácticamente se le dejó indefensa.
Por ello, en marzo pasado gente de Ostula rodeó el cuartel de la Marina en la zona para exigir que devolvieran las armas que habían quitado a un grupo de autodefensas y comunitarios en Aquila.
El regreso de Semeí Verdía y otros exiliados de Ostula llevó varias semanas de organización, de diálogo y acuerdos con autodefensas de Chinicuila, Coahuayana y Coalcomán: "cuando me dijeron cuánta gente necesitábamos para sacar a los delincuentes, yo les dije que con 100 bastaba, porque sabía que los que trabajaban para la mafia no le topaban y 'nomás' nos vieran llegar se iban ir", afirma Verdía.
Su intención era llegar primero a la comunidad y después tomar La Placita para atrapar y entregar a las autoridades a Federico "Lico" González, a quien identifican como presunto líder templario de la región.
Pero ese día alguien le ayudó a escapar por el mar -al menos esa es la versión que recorre en Ostula-, lo subieron a una lancha y lo llevaron a un sitio seguro; por eso el temor de un contragolpe, de que la delincuencia se reorganice, se infiltre de nuevo y ataque.
"Queremos hacer patente que, contrario a lo que pregona el gobierno federal, el problema del crimen organizado en Michoacán no está resuelto y su estructura, sus principales cabezas y sus actividades económicas siguen intactas.
"Asimismo, los funcionarios que son cómplices del crimen organizado, regados en todos los niveles de gobierno, continúan libres", denunció la comunidad en un boletín después de que algunos de sus integrantes acudieron el 9 y 10 de junio al DF informar en foros la problemática de la costa michoacana.
La asamblea de comuneros también ha tomado sus precauciones; junto a Pedro han regresado otros que quieren aclarar por qué se fueron cuando llegaron los comunitarios y las autodefensas; se les ha escuchado, pero se acordó que de ahora en adelante no se permitirá que regresen los que salieron huyendo: "no sabemos con qué intenciones vuelvan a la comunidad", justifica Semeí Verdía.
