Delitos. Señalan que persiste un enfoque militarista sobre la seguridad que permite que se siga vulnerando el derecho a la vida.
Los asesinatos y la impunidad de la guerra contra el narco emprendida el sexenio pasado continúan en la Administración de Enrique Peña Nieto.
A esa conclusión llega el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns, en su informe sobre México, a raíz de la visita que realizó en 2013.
"El Relator Especial está preocupado de que México continúe experimentando niveles alarmantes de violencia. Incidentes extremadamente violentos, en particular violaciones al derecho a la vida, siguen ocurriendo a un nivel intolerable", se señala en las observaciones del documento que será presentado este jueves en Ginebra.
"Un menor énfasis de las autoridades en el tema de la violencia y el crimen puede no reflejar disminuciones reales en la comisión de crímenes violentos.
"Durante su visita, el Relator Especial recibió información extensiva que indicaba que las ejecuciones y la impunidad por homicidio siguen estando extendidas en muchas partes del país", agrega.
Para Heyns, persiste un enfoque militarista sobre la seguridad que permite que se siga vulnerando el derecho a la vida, pues los soldados están entrenados para usar la fuerza, no para garantizar la aplicación de la ley.
Incluso, añadió, los militares han alterado escenas del crimen, como ocurrió en el caso del asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey, en marzo de 2010, en el que miembros de la Sedena plantaron armas a los alumnos para simular que murieron en un enfrentamiento.
En ese sentido, instó al país a adoptar un enfoque de Derechos Humanos en materia de seguridad pública, e hizo un llamado a poner en marcha la gendarmería.
"El derecho a la vida está bajo amenaza seria en México, y atender esto debe ser una prioridad nacional de la más alta relevancia", resaltó.
El Relator manifestó su sorpresa de que en México no exista un marco legal que ampliamente reconocido respecto del uso de la fuerza, y cuestionó que el delito de homicidio no esté incluido en la Ley contra la Delincuencia Organizado, lo que genera que no sea investigado por la autoridad federal.
Por otra parte, señaló que el aumento en la tasa de homicidios registrados no ha implicado un aumento de la capacidad del sistema de justicia penal para castigar a los responsables, es decir, que en estos casos impera la impunidad.
Puesto que hay pocas investigaciones serias en casos de homicidio, detalló, han sido los familiares de las víctimas quienes han tenido que jugar el papel de investigadores, recolectando evidencia por ellos mismos porque la autoridad se niega a indagar.
"Las declaraciones públicas de funcionarios del gobierno sobre la legalidad de los asesinatos no deben hacerse sin la debida consideración de los hechos.
"Asimismo, la estigmatización de las víctimas de la violencia nunca debe ocurrir", expuso.