Solicitan proteger datos de víctimas

La Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) solicitó medidas cautelares a la Procuraduría de Justicia del Estado para que se preserve la seguridad e identidad de 19 menores, de los que existe denuncia penal en contra del sacerdote Eduardo Córdova Bautista por abuso sexual.

El ombudsman estatal, Jorge Vega Arroyo, informó que con la asesoría del activista Martín Faz Mora pidieron la medida precautoria para evitar la filtración de los datos generales de quienes denunciaron al exapoderado legal de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Martín Faz, representante legal de los menores, dijo que demandaron las medidas de precaución por los antecedentes de filtraciones en otros casos y las experiencias que ha tenido el equipo de abogados.

 PENA MÁXIMA

En el transcurso de la semana varios jóvenes se presentaron en la Unidad Especial del Ministerio Público que investiga a sacerdotes pederastas para declarar sobre la violencia sexual de Córdova, acudieron con abogados y en la Fiscalía se sometieron a peritajes y fueron apoyados por psicólogos, informó Faz.

Señaló que las diligencias han sido muy difíciles, porque el daño emocional y psicológico es grave; incluso, algunas se han detenido por momentos para que las personas se recuperen.

El 30 de mayo la Procuraduría de Justicia recibió la denuncia penal de 19 víctimas de abuso sexual calificado, corrupción de menores y privación ilegal de la libertad en contra del sacerdote Eduardo Córdova Bautista y de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, por encubrimiento.

En la denuncia, el equipo de abogados pidió al Ministerio Público ejercite la acción penal en contra de Córdova Bautista, cuyo paradero se desconoce, y se le condene a la pena máxima vigente -que de acuerdo al artículo 21 de Código Penal de San Luis Potosí es de 70 años de prisión-.

En el caso de que el sacerdote sea procesado no podría obtener su libertad bajo fianza, debido a que el artículo 407 del Código de Procedimientos Penales del estado tipifica como graves los delitos de abuso sexual calificado y corrupción de menores de 18 años.